Martes, 28 de Noviembre de 2023

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RESACA DE LA DIADA EN CATALUÑA

El Gobierno aboga por dialogar con Cataluña siempre dentro de la Constitución

Desde el Ejecutivo siguen defendiendo que lo principal no es la consulta soberanista sino salir de la crisis y piden prudencia con el desafío soberanista

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, junto a la vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, momentos antes de intervenir en un desayuno informativo del Fórum Europa

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, junto a la vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, momentos antes de intervenir en un desayuno informativo del Fórum Europa / EFE

Tras la Diada, no parece que hayan cambiado para nada los planes del Gobierno, desde donde siguen optando por la prudencia. Aunque alguno de sus ministros se ha atrevido a mostrar su preocupación y tristeza por la división de Cataluña.

Margallo reconocía que la manifestación había sido todo un éxito y pedía escuchar a la calle. Pero en La Moncloa no se pronuncian sobre sus palabras. Aseguran que cada uno puede tener sus opiniones, pero que la autoridad competente para hablar sobre este tema es la vicepresidenta. Y defienden que ella ha fijado a la perfección la posición del Ejecutivo.

Santamaría lo ha hecho mostrando su respeto a los independentistas, reconociendo que existe un sentimiento, pero dejando claro que se tiene a todo el mundo en cuenta. Esa "mayoría silenciosa", una expresión que el equipo de Rajoy reconoce como expresión polémica.

Los conservadores siguen defendiendo que lo principal no es la consulta soberanista sino salir de la crisis. Y abogan por el diálogo siempre dentro de la Constitución. Creen que siempre con la Carta Magna por delante se puede mejorar la financiación y trato a los catalanes. Pero insisten en que si se quiere ir más allá, el presidente de la Generalitat debe acudir al Congreso con sus planteamientos.

En cuanto al asalto de un grupo de ultras a una sede de la Generalitat en Madrid, el Gobierno no tiene dudas. Lo condena tajantemente. Defienden que se actuó desde el minuto uno y recuerdan que ante tipo de comportamientos se aplique la ley.

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