El nuevo código penal militar no define qué se entiende por "conflicto armado"

Los vocales de la comisión de estudios del Consejo General del Poder Judicial ya manejan el informe de la presidenta Margarita Uría sobre el anteproyecto del código penal militar que quiere aprobar el Gobierno. El documento, al que ha tenido acceso la Cadena SER, aplaude las penas de prisión en caso de delitos contra la indemnidad sexual pero critica que no se haya definido qué se entiende por conflicto armado y subraya que la prisión en caso de guerra plantea serios problemas de legalidad.

El Consejo del Poder Judicial quiere aprobar el informe sobre el anteproyecto del código penal militar antes de que acabe su mandato. Margarita Uría, ya ha enviado su propuesta al resto de vocales. Lo más llamativo es que pide al Gobierno que defina qué se entiende por "conflicto armado", expresión que sustituirá a la de "en tiempo de guerra" del actual código penal militar que sí venía definida.

Uría también dice que "plantea serios problemas de legalidad" la regulación de la prisión en caso de conflicto armado "por su indeterminación al dejar el modo, la forma y el tiempo de la misma a la decisión de un mando militar que no se concreta". La presidenta de la comisión de estudios e informes, además, apuesta por sustituir la sanción penal en algunos supuestos por multa o trabajos en beneficio de la comunidad "dentro del ámbito militar como formar parte de contingentes internacionales, prevenir incendios o ayudar en caso de catástrofe".

La obediencia debida

La propuesta aplaude que se hayan incluido nuevos delitos, especialmente, los cometidos contra la libertad sexual pero incluye otras críticas al texto legal. Por ejemplo, pide que se suprima la sanción penal al militar que actúe en cumplimiento de una orden porque "es imposible la existencia de mandatos antijurídicos en nuestro Derecho". Las drogas también son objeto de controversia. Margarita Uría sostiene, de acuerdo al código penal, que la tenencia para el tráfico de drogas constituye delito pero que si es para consumo propio debería quedarse en una falta disciplinaria porque "el hipotético riesgo difuso que parece protegerse, la protección del servicio, no puede justificar su tipificación como delito, sin perjuicio de que se quiera agravar la sanción disciplinaria".