Una reforma del Código Penal acogida con escepticismo

La mayoría de los sectores judiciales españoles acogen con escepticismo y cautela la reforma del Código Penal impulsada por el Ministro Gallardón que ha sido aprobada hoy por el Consejo de Ministros. Tanto el Fiscal General del Estado como el Poder Judicial han mostrado sus reservas contra esta reforma, mientras que las asociaciones judiciales se muestran contrarias a ella y definen la medida como "innecesaria".

El mundo de la justicia acoge con una mezcla de escepticismo y cautela la reforma del Código Penal impulsada por el Ministro de Justicia y que hoy ya camina con el visto bueno del Consejo de Ministros. Tanto el Consejo General del Poder Judicial como las asociaciones judiciales y expertos en derecho consideran que esta medida puede terminar suponiendo un recorte en los derechos de los ciudadanos, al mismo tiempo que no consideran necesario un endurecimiento de las penas.

Escepticismo desde el Poder Judicial y la Fiscalía

Para Gabriela Bravo, vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial, se trata de una reforma innecesaria: "Ya tenemos un Código Penal muy duro, de los más duros de Europa, la elevación de las penas no siempre soluciona los problemas". En cualquier caso, la portavoz del órgano de gobierno de los jueces puntualiza que "el derecho penal siempre tiene que ser el último recurso".

En una línea más discreta se pronuncia el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien concede que la reforma del Código Penal es "necesaria" pero también espera que se hayan corregido aquellos puntos del proyecto con los que la Fiscalía General del Estado se mostró poco conforme: "El Consejo Fiscal hizo un informe en el que mostrábamos las virtudes y los defectos de la reforma, espero que se hayan corregido". Torres-Dulce también ha indicado este viernes en Málaga que, antes de utilizar el derecho penal, es mejor potenciar la prevención de los delitos: "Es preciso que cualquier reforma se haga pensando exclusivamente en que debe reflejar la realidad, pero no ser utilizado como el único instrumento para corregir defectos sociales".

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"El Código Penal se usa para conseguir réditos electorales"

Para el profesor José Luis Díez Ripollés, catedrático de derecho de la Universidad de Málaga, el Código Penal no se utiliza para atender y resolver problemas sino con fines políticos: "Se usa como un instrumento de agitación política para activar sentimientos y emociones y, en última instancia, conseguir réditos electorales". Para Ripollés, esta nueva batería de reformas en materia penal constituye "una merma de derechos y libertades, en libertad de expresión, por ejemplo", y ve la reforma como potencialmente innecesaria: "Nuestra sociedad no tiene un problema de seguridad, tenemos una de las tasas más bajas de criminalidad de Europa y una de las más altas de encarcelamiento". Para este catedrático de la Universidad de Málaga, es importante saber también que "el Código Penal español se ha modificado unas 30 veces en tan sólo 16 años".

Los jueces asociados rechazan la medida

Más contundentes son las críticas desde el mundo de las asociaciones judiciales. Para José Luis González Armengol, juez decano de Madrid y portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, es una modificación con "aspectos populistas que no es ni necesaria ni imprescindible", si bien no se muestra completamente contrario a medidas como la prisión permanente revisable. En este mismo sentido crítico se pronuncia el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, quien cree que "la reforma no responde a las necesidades de la sociedad, es un golpe de imagen de Gallardon, no aborda los problemas de fondo de la justicia y de nuestra población". Ángel Dolado, juez decano de Zaragoza y presidente del Foro Judicial Independiente, hay muchas de las reformas que "rozan la constitucionalidad", y cree que la solución a la corrupción tiene que ser, en primer lugar, desde el control a la financiación de los partidos. "No es imprescindible seguir reformando el Código Penal".

Desde el sindicato de funcionarios CSI-F, su portavoz del sector de prisiones, Carlos Luis Martín Navarro, ve dos caras en medidas como la prisión permanente revisable. Para él, se trata de una medida compatible con la Constitución, pero que en cualquier caso "sería bueno utilizarlo lo menos posible y con todas las garantías para los condenados". También añade que, desde el punto de vista de los funcionarios de prisiones, este nuevo supuesto no debería traer una carga de trabajo excesiva con respecto a la realidad penitenciaria actual ya que, según considera, "porcentualmente son pocos los presos que podrían verse afectados".