Se prohibe el uso de la tarjeta de crédito en la Administración
Entre las normas contra la corrupción está el nuevo delito de financiación ilegal de los partidos y el que los tesoreros tendrán que comparecer en el Congreso
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un informe con un total de 40 medidas que el Gobierno pretende poner en marcha para hacer frente a la corrupción y que espera consensuar con el resto de los grupos parlamentarios.
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En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comparecido junto al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón y al de Industria, José María Soria. Sáenz de Santamaría ha explicado el Plan de Regeneración Democrática, consistente en 40 medidas centradas en el control de la actividad económica de los partidos, una mejor regulación de los cargos públicos y medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción. Estas medidas conllevan la modificación de diez leyes y responden al anuncio realizado por Mariano Rajoy en el último Debate sobre el Estado de la Nación del pasado mes de febrero.
Entre las medidas que el Gobierno quiere negociar con los grupos se encuentra la creación de un nuevo tipo delictivo de financiación ilegal de los partidos, la revisión de distintos tipos penales, como la prevaricación o el cohecho o la prohibición del uso de tarjetas de crédito en los gastos de representación dentro de la nueva normativa diseñada por el Ejecutivo, la del "ejercicio del cargo público", que busca clarificar los derechos y obligaciones de las personas que ejerzan estos cargos.
Además, se regulará la figura del responsable económico y financiero de los partidos, que tendrá que comparecer anualmente en el Parlamento, y también se establecerá la obligatoriedad de todos ellos de enviar sus cuentas al Tribunal de Cuentas, reciban o no subvenciones. También se retendrán las subvenciones a los partidos que no presenten sus cuentas a este tribunal -al que se dotará de una mayor capacidad para fiscalizar- y se da rango legal a la obligación de las fuerzas políticas de cumplir los mismos requisitos que cualquier particular a la hora de recibir subvenciones, como estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Según ha anunciado la vicepresidenta, toda la normativa que regula el ejercicio del cargo público, dispersa hasta la fecha, quedará unificada, y también se clarificarán los casos de conflictos de intereses.
En línea con una norma de ámbito internacional para luchar contra el blanqueo de capitales, se ampliará el número de altos cargos sometidos al control reforzado de sus actuaciones económicas, de manera que si hay un "movimiento llamativo" en una cuenta de las personas con responsabilidad pública será comunicado a la correspondiente oficina de blanqueo.
