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La ONU exige a España que neutralice la Ley de Amnistía de 1977

El informe preliminar de los expertos en desapariciones de Naciones Unidas insta a España a investigar las desapariciones durante la guerra civil y el franquismo y critica una "lamentable impunidad"

El grupo de trabajo sobre desapariciones de Naciones Unidas ha emitido un informe preliminar en el que critica con dureza la "tímida" actuación de España a la hora de investigar las desapariciones durante el franquismo y la guerra civil. Los expertos de la ONU emplazan a España a tomar la iniciativa y juzgar estas desapariciones, critican una "lamentable impunidad" y exigiendo también que se neutralice la Ley de Amnistía de 1977.

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Severo tirón de orejas de Naciones Unidas a España por no investigar las desapariciones del franquismo y la guerra civil. Los cinco expertos de la ONU en desapariciones han emitido un informe preliminar después de su visita a nuestro país, en el que señalan que la combinación de la ley, jueces, fiscales y la Ley de Amnistía han conseguido que en España exista un "patrón de impunidad" en casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la guerra civil y la dictadura: "Una lamentable impunidad, no hay ninguna investigación judicial efectiva ni ninguna persona condenada". Para los expertos, "el Estado debe comprometerse de manera más activa" para que se juzguen estas desapariciones y que "estas iniciativas sean aprte de una política de Estado".

Cinco expertos de Naciones Unidas llevan una semana viajando por España, examinando las políticas nacionales sobre desapariciones forzadas. En su texto, critican que el Gobierno español sólo haya dado "tímidos pasos" para investigar estas desapariciones, y que toda la iniciativa haya tenido que correr a cargo de familiares, afectados y asociaciones. Señalan a la Ley española de Amnistía de 1.977 como uno de los problemas principales, y solicitan al Gobierno que neutralice su efecto porque "no puede ser un obstáculo a la hora de investigar las desapariciones, hay que asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía".

Los expertos de Naciones Unidas también tienen palabras para el proceso judicial que se desarrolla en argentina y que investiga los crímenes de la dictadura: insta al estado español a "presta rtodo el auxilio judicial en lo que respecta a cualquier procedimiento penal sobre delitos de desaparición forzada en cualquier país por casos en España".

Lagunas en el Código Penal

Para Naciones Unidas, la legislación española tiene importantes lagunas en lo que a desapariciones forzadas se refiere. Critica que, en primer lugar, el Código Penal español no tipifica la desaparición forzada como un delito autónomo, sino que sólo cubre el supuesto de detención ilegal o secuestro, por lo que "no es suficiente". Piden que las desapariciones forzadas de la guerra sean marcadas como delitos no prescriptibles, y definen la Ley de la Memoria Histórica como un paso "importante" en la legislación nacional, pero critican que todas las medidas contempladas en ella dependan sólo de la iniciativa de los familiares que las soliciten, y omite crean una responsabilidad institucional, por lo que tiene un alcance "limitado". También pide al Estado que proporcione los fondos "adecuados" para que la Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse "eficazmente".

Necesidad de una "profunda conciencia pública"

Señalan los expertos de Naciones Unidas que es esencial garantizar una "profunda conciencia pública de lo que sucedió, educando a las futuras generaciones sobre el pasado".

Para los expertos de la ONU, en España existe una "vibrante sociedad civil" que trabaja para conocer la verdad sobre el paradero de sus seres queridos, pero acusa también una falta de comunicación entre víctimas y autoridades. Insta al Gobierno a establecer procesos regulares de consulta con familiares y asociaciones, a darles un mayor apoyo institucional y financiero así como a crear una entidad estatal "encargada de ocuparse de todas las cuestiones relativas a desapariciones forzadas". A este respecto, recomienda crear un plan nacional de búsuqeda de personas desaparecidas, y seguir actualizando los mapas de fosas así como centralizar la información así como facilitar su acceso, ya que ahora está "fragmentada y dispersa".

Diferencias en función del partido que gobierna

Los cinco expertos de Naciones Unidas han visitado diferentes lugares de España a lo largo de la última semana, reuniéndose con autoridades y colectivos de víctimas. En su texto, destacan que todos los centenares de afectados han manifestado "una profunda frustración frente a los obstáculos administrativos" para esclarecer la suerte de sus seres queridos. El grupo de trabajo dice haber observado que el apoyo que las administraciones públicas prestan a las víctimas y familiares de desaparecidos "depende altamente del partido político gobernante en cada lugar", lo que a su juicio "provoca un trato diferente de las víctimas dependiendo del lugar de la fosa y no ofrece igualdad de aplicación de la Ley de Memoria Histórica". Los expertos también dicen haber recibido información sobre el difícil acceso a archivos pertenecientes a la iglesia católica.

Visitas al Valle de los Caídos

Durante la visita, el grupo de trabajo visitó, entre otros sitios, el Valle de los Caídos en Madrid, el Fossar de la Pedrera en Barcelona, las Murallas de la Macarena y la fosa común del Cementerio de Sevilla.

Entre las autoridades con las que se han reunido los expertos de la ONU en su visita a nuestro país, se encuentran los Secretarios de Estado de justicia, seguridad, asuntos de cooperación internacional así como diversos cargos de los ministerios de justicia, interior y defensa y cargos de gobiernos autonómicos. También se reunieron con el Secretario General de la Conferencia Episcopal.

El Defensor del Pueblo, poco transparente

Para la comisión de Naciones Unidas, es necesario que se derogue el denominado régimen de incomunicación ya que "permite detener en régimen de incomunicación hasta 13 días si el detenido es sospechoso de integrar bandas armadas o de delitos de terrorismo". También critica con dureza el proceso de elección de la figura del Defensor del Pueblo, "no existe un procedimiento transparente o de participación de la sociedad civil, ni garantías de su independencia".

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