La ONU critica que España aplique la Ley de Amnistía en las causas contra el franquismo

Las conclusiones finales de Naciones Unidas sobre la política española de desapariciones forzadas expresan su preocupación por que los tribunales españoles apliquen la Ley de Amnistía en las causas que investigan los crímenes del franquismo, e insta a España a colaborar con la justicia argentina. El informe que contiene las conclusiones finales del Comité de Expertos contra las Desapariciones Forzadas también indica al Estado español que es su obligación investigar estas desapariciones aunque no se haya presentado ninguna denuncia así como recuerda que los delitos de lesa humanidad nunca prescriben.

Las Naciones Unidas no aprueban la política de España para investigar y enjuiciar las desapariciones forzadas ocurridas durante el franquismo. Las conclusiones finales de la visita del Comité de Expertos contra la Desparición Forzada a nuestro país, a las que ha tenido acceso la Cadena SER, son contundentes: critican el criterio del Tribunal Supremo, que aplicó la Ley de Amnistía para archivar las investigaciones sobre los crímenes del franquismo, y recuerda al Estado español que es su deber investigar las desapariciones forzadas aunque no exista una denuncia formal. España tiene hasta el 15 de noviembre de 2019 para implementar estas recomendaciones.

Los expertos de Naciones Unidas observan con preocupación el criterio que aplicó el Tribunal Supremo español en 2012, cuando archivó la investigación de los crímenes del franquismo impulsada por el juez Baltasar Garzón usando fundamentos como "la existencia de una Ley de Amnistía y la muerte de los presuntos responsables".

Las conclusiones finales de los expertos, que estuvieron una semana en nuestro país analizando la política española sobre desapariciones forzadas, recuerdan en primer lugar que los delitos de lesa humanidad "son imprescriptibles", y que es la obligación del Estado investigar "de manera exhaustiva e imparcial" estas desapariciones, independientemente del tiempo transcurrido, y esclarecer la suerte de los desaparecidos, "aun cuando no se haya presentado una denuncia formal". Los expertos recomiendan que el Estado español "adopte todas las medidas necesarias, incluyendo la asignación de los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes, para la búsqueda y el esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas".

Insta a España a colaborar con la justicia argentina

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El Comité de expertos de Naciones Unidas también recomienda a España que recomiende con otros Estados que investiguen posibles casos de desapariciones forzadas, tal como la que lleva a cabo la justicia argentina sobre los crímenes del franquismo. La ONU recomienda que España vele para que "se asegure el auxilio judicial necesario a las autoridades de otros Estados que lo soliciten en el marco de investigaciones de casos de desapariciones forzadas". Igualmente recomienda que las autoridades españolas presten "todo el auxilio posible" cuando reciban solicitudes".

Vigilancia jurídica de los sospechosos y creación de una comisión de expertos

De la misma manera, los expertos de Naciones Unidas recomiendan a España la creación de una comisión de expertos independientes que "determine la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas" con el objetivo de asegurar el derecho a la verdad de las víctimas de estas desapariciones. En este sentido, también insta a que España garantice que los sospechosos de haber cometido estos delitos no pueden influir y bloquear las investigaciones: un mecanismo que asegure que las fuerzas de seguridad cuyos miembros sean sospechosos "no participen en la investigación". En esa misma línea, también muestran preocupación por que los tribunales militares sean competentes para investigar y juzgar desapariciones forzadas cometidas en el ámbito castrense.

Más esfuerzos para investigar el robo de niños

Las conclusiones finales de los expertos de Naciones Unidas también tienen recomendaciones sobre la investigación del robo de niños en nuestro país. Instan a España a que "intensifique sus esfuerzos para buscar e identificar a los niños que podrían haber sido víctimas de apropiación", recomendando que garantice que el Banco Nacional de ADN integre muestras genéticas de todos los casos que hayan sido denunciados tanto por la vía administrativa como por la judicial.

El derecho de las víctimas a una indemnización

Otra de las recomendaciones tiene que ver con la reparación del daño: España debe asegurar que las personas perjudicadas por una desaparición forzada "pueda recibir todas las medidas de indemnización y reparación previstas en el ordenamiento jurídico", aunque no exista un procedimiento penal, con especial atención a los casos de niños robados. A este respecto, enfatizan "la singular crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan a los derechos humanos de las mujeres y los niños".

Critican con dureza los expertos de Naciones Unidas que en el ordenamiento jurídico español las desapariciones forzadas no tengan un delito propio, sino que se engloben bajo el paraguas de la detención ilegal: alientan a que el Código Penal español tenga las desapariciones forzadas como un delito autónomo.