El Consejo de Europa exige al Gobierno que valore el impacto social de los recortes

En Europa la máxima autoridad en Derechos Humanos tiene su sede en Estrasburgo y desde allí se desplazaron a Madrid y Sevilla. Su viaje, del 3 al 7 de este pasado julio, deja un informe que constituye la foto más amarga de la imagen de España. 50 páginas que contrastan sus propias impresiones con los informes de los Defensores del Pueblo para todo el Estado y regionales. Un texto en el que se recoge la malnutrición de niños españoles, la prohibición de acceso a la salud de niños de inmigrantes y en el que se denuncian los intentos por forzar adopciones retirando custodias parentales a las familias pobres.

Nils Muizniecks es letón, fue ministro de Integración Social en su país y director del Centro de Derechos Humanos. La Asamblea del Consejo de Europa le nombró para el cargo en enero del año 2012. En declaraciones a la Cadena SER ha explicado que prepara un listado de recomendaciones para que otros gobiernos eviten errores como los que él ha visto en España."Creo que está claro que la crisis y la austeridad tienen un enorme impacto sobre los derechos humanos en España, especialmente sobre los grupos más vulnerables", explica en declaraciones a la Cadena SER. "La crisis afecta a todos pero señalamos especialmente a los niños y a los discapacitados porque necesitan una protección especial y más en estos tiempos difíciles".

Su informe reclama que el gobierno realice un estudio de impacto para medir el peso que las reformas tienen sobre los grupos vulnerables. "Queremos que el Gobierno escuche con mayor atención los informes y conclusiones de los Defensores del Pueblo Nacional y Regionales, que tenga en cuenta sus recomendaciones sobre estos grupos frágiles" y sobre todo pide "que el Gobierno evalúe el impacto de los recortes presupuestarios sobre los derechos humanos" porque estos grupos, los niños y los discapacitados, requieren protección. "Los niños desahuciados de sus casas quedan marcados por muchos años", nos dice preocupado porque "los desalojos forzados en España representan una cifra demasiado elevada" y el Gobierno debe asegurar que "los niños no se van a quedar en la calle, igual que las personas con discapacidades" y sobre todo, añade, el gobierno debe garantizar "que no habrá ningún tipo de violencia en los procesos de desahucios. Es muy importante".

El Comisario de Derechos Humanos no entiende que el gobierno no actúe de manera inmediata frente a las denuncias por violencia policial ante las manifestaciones de protesta o en los desahucios porque defiende que en esta crisis "hay que garantizar que no habrá impunidad policial y si la policía es responsable de actuaciones violentas, debe ser castigada". El informe recoge las conclusiones del Síndic catalán que en una investigación de oficio concluyó que la evacuación violenta de la plaza Catalunya de Barcelona, en el año 2011, fue una "brutal" vulneración del derecho a la libertad de reunión. O las denuncias tras las manifestaciones de septiembre del 2012 en Madrid por malos tratos en las Comisarías. O la muerte en Bilbao de un ciudadano por el impacto de una bala de goma.

Para exigir que el uso de estas armas se regule y se imparta formación adecuada a quienes las utilicen, el Consejo de Europa "mantiene un contacto permanente con las autoridades europeas y está elaborando un listado de recomendaciones especiales que presentará en breve para garantizar que los Derechos Humanos se puedan proteger también en época de crisis".