El juzgado cree que la protesta de Femen no alteró la sesión del Congreso
En su auto de puesta en libertad para las tres activistas el juez señala que es "harto difícil entender que hay hechos graves o pena grave"
El juez que puso en libertad a las tres activistas de Femen que protestaron en el Congreso de los Diputados duda que la protesta perturbara el orden de la Cámara, y también duda que haya hechos graves tal y como pedía la policía. En el auto en que decretó la libertad para dos de las detenidas, el juez también indica que, por ser un acto de protesta encubierto en un acto pacífico, habría que analizar si todos los vítores y aplausos de los invitados podrían considerarse como una perturbación.
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El juez ordenó la puesta en libertad de las activistas de Femen detenidas el miércoles por la protesta en el Congreso de los Diputados, y deja caer en el auto referido a dos de ellas que si esta protesta fuera considerada como una falta grave habría que estudiar también si los aplausos a los políticos perturban igualmente el orden de la Cámara Baja. El juez cree que "en la relidad del tiempo actual no parece razonable reconducir una protesta desnudándose el torso a un episodio capaz de producir una perturbación grave del orden", por lo que sólo se estudiarán sus gritos.
En su escrito, el juez decreta la puesta en libertad de las detenidas y plantea sus dudas sobre si esta protesta, en la que las tres jóvenes se desnudaron el torso y gritaron "Aborto es sagrado" cuando el Ministro Ruiz-Gallardón hablaba en el Congreso de los Diputados, puede ser considerada como un delito. Indica el magistrado que, en este caso, "harto difícil sería entender que estuviésemos en presencia de hechos graves o pena grave", y señala que "el análisis contextual impide apreciar una perturbación del orden de las sesiones del Congreso de los Diputados". A lo sumo, según señala el juez, podríamos hablar de una perturbación multada con sanción de seis a doce meses.
Habría que analizar todos los aplausos y vítores
El juez plantea sus dudas sobre la criminalización de estos actos, y recuerda que al tratarse de una protesta encubierta en un acto pacífico, también habría que analizar si "vítores y aplausos de los invitados hacia un interviniente podría considerarse como perturbación".
El juez también rechaza de plano las pretensiones de la policía, que en su escrito calificaba los hechos como un delito de alteración del orden público en el Congreso de los Diputados, "sin concretar artículo alguno". El juez ordenó la inmediata puesta en libertad de las tres activistas detenidas, con la exigencia de que dos de ellas, una francesa y una ucraniana, señalaran un domicilio en España a efectos de notificaciones y citaciones.
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