Sousa culpa a la banca de dar créditos a Pescanova sin garantías

Manuel Fernández Sousa ha declarado en la Audiencia por el presunto vaciamiento patrimonial de Pescanova acusado de posibles delitos de estafa y falsedad contable. El juez Ruz no le ha impuesto ninguna medida cautelar.

Tras casi seis horas de declaración y un breve receso, Manuel Fernández Sousa ha optado por defenderse ante el juez Pablo Ruz dando explicaciones a cada uno de los pasos que han llevado a la segunda mayor empresa de Galicia a la quiebra técnica.

El ex presidente de Pescanova ha culpado a los bancos de la situación actual de la empresa por haberle concedido créditos a corto plazo sin exigir más garantía que las facturas a cobrar a cambio de asegurarse altos intereses, un sistema establecido con el que "ganaban mucho dinero".

Sousa tenía que responder, entre las cuestiones más importantes, por la venta de 1,6 millones de acciones antes del pasado 28 de febrero, sin el visto bueno de la CNMV. Una operación que se realizó días antes de que Pescanova anunciara públicamente al organismo supervisor que no podía formular las cuentas de 2012, destapara un desfase patrimonial de 927 millones de euros y declarara el concurso de acreedores. Durante su declaración, y a preguntas del fiscal, Sousa ha asegurado que la auditora BDO conocía el estado de la compañía a la que, además del agujero patrimonial, se sumaba 3.674 millones de deuda. La auditora trataba directamente con los bancos sin haber puesto pegas -en ninguno de los dos casos- a las cuentas, según han informado fuentes jurídicas. Por cierto que la auditora BDO ha sido la elegida para auditar las polémicas cuentas de 2012, tras la apertura de la instrucción judicial.

El expresidente de Pescanova reconoce, según las mismas fuentes, que ocultó hasta el último momento la deuda millonaria "para no perjudicar a la sociedad" y a la esperar de cerrar una operación de venta de una planta en Chile que le hubiera garantizado liquidez.

El ex presidente de Pescanova, Manuel Fernández Sousa, que ha declarado por primera vez ante el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional, está imputado por presuntos delitos de información económico-financiera y en cuentas anuales, estafa y falsedad documental durante su etapa al frente de Pescanova, en suspensión de pagos desde el pasado mes de abril y con las acciones congeladas tras la suspensión de cotización impuesta por la CNMV.

El expresidente de Pescanova niega haber evadido unos 4 millones de euros al extranjero, depositados en una cuenta en Portugal abierta por la mujer de Sousa, Rosario Andrade, y bloqueada por orden de Ruz el pasado mes de septiembre. Ruz no ha decretado prisión para el empresario ni medidas cautelares.

Su hijo, Pablo Fernández, ex consejero desde el año 2.000 en Pescanova, ha declarado en calidad de imputado después de su padre. Ruz tampoco le ha impuesto ninguna cautelar.