El juez impone 179 millones de fianza al expresidente de Pescanova
El juez Ruz ha impuesto fianzas de responsabilidad civil a diez altos cargos de Pescanova y seis sociedades relacionadas por valor de más de 1.200 millones
El presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, durante una entrevista en la SER / CADENA SER
El juez Pablo Ruz ha impuesto una fianza de responsabilidad de 178 millones de euros al expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, por su posible responsabilidad en la caída de la compañía. En total el juez impone fianzas por valor de más de 1.200 millones de euros a diez altos cargos de Pescanova y seis sociedades, entre ellos los exconsejeros Alfonso Paz-Andrade, José Antonio Pérez-Nievas y la propia entidad de Pescanova.
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El juez Pablo Ruz ha ordenado fianzas de responsabilidad civil por un valor total de más de 1.200 millones de euros en la investigación del hundimiento de Pescanova. Son fianzas impuestas a diez exdirectivos y exaltos cargos de Pescanova y seis sociedades del grupo para hacer frente a su posible responsabilidad en el caso.
El juez ha decretado una fianza de 178.856.577,64 euros al expresidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa-Faro, acusado de vender sus acciones de Pescanova antes de que la compañía entrara en concurso de acreedores, evitando importantes pérdidas patrimoniales. También impone fianzas de responsabilidad civil a otros nueve ex altos cargos de Pescanova, como los consejeros Alfonso Paz-Andrade (125 millones) y José Antonio Pérez-Nievas (54 millones). En su auto el juez también impone fianzas a seis entidades del grupo, entre ellas a la propia Pescanova, a la que obliga a pagar 54,8 millones de euros.
El plazo para hacer frente a esta fianza es de diez días, a partir de los cuales la Audiencia Nacional iniciará los embargos si no son pagadas. La justicia investiga si varios directivos de Pescanova usaron su información privilegiada para vender sus acciones de la compañía a través de distintas sociedades para evitar grandes pérdidas económicas personales ante el previsible desplome de Pescanova, posibles pérdidas y ganancias cuantificadas por la CNMV. La Audiencia Nacional ya ha admitido a trámite varias querellas de varios inversores y accionistas de la compañía a los que esta venta masiva de acciones habría producido pérdidas de cientos de miles de euros. Entre los delitos imputados están los de uso de información relevante, falseamiento de información económica y financiera y estafa.
