Un juzgado de Avilés investigará la muerte de una mujer por eutanasia
La justicia investiga a miembros de la asociación Derecho a una Muerte Digna por presuntamente asistir el fallecimiento de una mujer en mayo de 2012
El Tribunal Supremo ha resuelto el conflicto de competencia y ha designado al Juzgado de Instrucción nº4 de Avilés para investigar la muerte asistida de una mujer, que apareció muerta en un hotel de la ciudad en mayo de 2012. Dos juzgados investigaban a varios miembros de la asociación Derecho a una Muerte Digna por presuntamente facilitar medicamentos y medios materiales para la muerte asistida.
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Será finalmente un juzgado de Avilés quien investigue la muerte asistida de una mujer en un hotel de esa ciudad en mayo de 2012. El Tribunal Supremo ha resuelto el conflicto de competencia que existía entre un juzgado de Madrid y el de la ciudad asturiana, alegando que los hechos se cometieron en esa ciudad y que la investigación completa corresponde al juzgado asturiano.
La justicia investiga la muerte asistida de una mujer, que falleció en un hotel de Avilés en mayo de 2012 después de ingerir una dosis mortal de pentobarbital sódico. Una sustancia que, según los investigadores, fue proporcionada por miembros de la organización pro-eutanasia Derecho a una Muerte Digna, también investigados en esta causa y acusados de varios delitos de cooperación en el suicidio y contra la salud pública. La mujer se habría puesto en contacto con un miembro de la organización ya fallecido, J.M Cabane, quien habría alquilado coche para llevarle desde Valladolid hasta Avilés y por el camino entregarle a cambio de 6.000 euros los medicamentos que más tarde utilizaría para quitarse la vida.
El Supremo resuelve este conflicto de competencia: el juzgado de Avilés, que abrió las primeras diligencias a raíz del hallazgo del cadáver de la mujer en el hotel, solicitaba inhibirse a favor de un juzgado de Madrid, algo que ahora rechaza la Sala de lo Penal. La justicia considera que la sustancia letal fue enviada desde Madrid por el presidente de la asociación investigada, F. Marín, y que varios dirigentes y miembros de la asociación colaboran con más personas para proporcionarles la muerte asistida a través de sustancias similares, pero que debe ser el Juzgado de Avilés quien se haga cargo de la investigación al ser delitos conexos y tener mayor reproche penal el de cooperación en el suicidio investigado en Asturias en una decisión que tiene el visto bueno de la Fiscalía.
La persona que supuestamente entregó los medicamentos a la fallecida ya murió, extinguiéndose su posible responsabilidad penal, por lo que según el Supremo estas primeras investigaciones "en fase embrionaria" se centran en el presidente de la asociación Derecho a una Muerte Digna y otros miembros. Según este auto, la Policía Científica ya habría interceptado más comunicaciones y recomendacionespara la muerte asistida enviados por miembros de la organización.
