Lunes, 27 de Junio de 2022

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Interior vuelve a modificar la ley de seguridad ciudadana

Los sindicatos policiales creen que los cambios les perjudican

El anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana llega hoy al Consejo de Ministros. En las últimas horas ha habido cambios en lo que fue el borrador inicial y podría haber más antes de que sea devuelto otra vez al Consejo de Ministros. Entre las modificaciones más llamativas motivadas por la presión social y de la oposición está la de rebajar la multa por manifestaciones sin autorización frente al Congreso de los Diputados. Los insultos a los policías ya no van a ser infracciones muy graves, se quedan en graves con multas que pueden llegar a los 30.000 euros. Precisamente éste es uno de los puntos que ha molestado a alguno de los sindicatos policiales como el SUP (Sindicato Unificado de Policía)

Hoy llega al Consejo de Ministros pero hasta que vuelva podría todavía sufrir más cambios. El anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana ha pasado por diferentes ministerios entre ellos el de Administraciones Públicas y ha sufrido cambios respecto a lo que se presentó como borrador inicial.

Entre las modificaciones más llamativas de este anteproyecto por la polémica social que originó el borrador está las manifestaciones frente al Congreso de los Diputados, del Senado y de las diferentes delegaciones de las Comunidades Autónomas. De infracción muy grave (de 30.001-600.000 euros) pasa a infracción grave (1001-30.000 euros). Las perturbaciones en actos públicos, deportivos o religiosos dejarán también de ser muy graves y pasarán a graves cuando la perturbación sea "solo grave".

Dentro de los cambios que está todavía sufriendo este borrador está la referida a la policía. Las amenazas o insultos a los antidisturbios o a cualquier agente policial pasan de ser infracciones administrativas graves a leves. Es decir los insultos a un policía en una manifestación ya no van a poder ser multadas hasta con 30.000 euros sino que ahora pasan a ser infracciones leves que tienen una sanción económica de entre 100 a 1000 euros. Lo mismo pasa con el empleo y difusión de imágenes que atenten contra el honor y la seguridad de los policías. Los escraches siguen sin ser sancionados aunque lo que si se va a regular es que la policía pueda establecer perímetros de seguridad para vetar el paso de los coches o de las personas por una zona siempre y cuando se produzca una alteración y por el tiempo mínimo imprescindible.

Los sindicatos policiales como el SUP (Sindicato Unificado de Policía) ya ha mostrado su rechazo a los cambios que se empiezan a presentar. Acusan al Ministerio del Interior de haber cedido a la presión social para rebajar sanciones que castigaban los insultos, las amenazas y la difusión de imágenes de ellos.

Entre las infracciones que se siguen castigando como muy graves (de 30.001-600.000 euros) está la perturbación muy grave de seguridad en actos públicos, manifestaciones en aeropuertos, estaciones y centrales eléctricas. También se sigue considerando infracción muy grave la convocatoria de reuniones con finalidad coactiva en jornadas preelectorales o deslumbrar con rayos láser a pilotos de avión y conductores de tren o autobús.

Entre las infracciones catalogadas como graves con multas que van desde los 1001 a los 30.000 euros está alterar el orden haciéndolo encapuchado, contratar servicios sexuales cerca de centros educativos, hacer botellón siempre y cuando perturbe la tranquilidad ciudadana y escalar edificios públicos como acción de protesta.

Críticas políticas y jurídicas contra el borrador

Desde que trascendiera a la opinión pública el primer borrador de esta Ley de Seguridad Ciudadana, el aluvión de críticas ha llegado desde sectores tanto judiciales como políticos. En declaraciones a la Cadena SER, portavoces de asociaciones judiciales se han mostrado contrarios a aplicar una norma de estos términos. Desde la Asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sesmero cree que Interior "se ha pasado de frenada, ha sobreactuado en cuanto algunas conductas que pretende criminalizar", algo que para este magistrado "no es propio de un estado de derecho". En esa misma línea se pronuncia el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol que considera que esta norma podría "afectar al derecho a la protesta pacífica".

Las críticas también han llegado desde el mundo de la política y desde consejerías de interior: hace unos días, el Conseller de Interior de la Generalitat, Ramón Espadaler, señalaba que "no hay que confundir nunca violencia urbana con la expresión de un derecho a la manifestación. Que se pueda llegar a multar a los manifestantes, que no a los organizadores, de una manifestación no comunicada es un aspecto preocupante". Desde la consejería de Eukadi todavía no se ha producido un pronunciamiento oficial a la espera de estudiar la norma con detenimiento pero sí reconocen molestias, ya que no se les ha consultado sobre una ley que finalmente tendrán que aplicar.

Y a toda esta problemática se une la presencia de las tasas judiciales. Las sanciones adminsitrativas que plantea el borrador se recurren por la vía contencioso-administrativa judicial, lo que acarrea el pago de unas tasas judiciales que según el juez decano de Zaragoza y portavoz del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, vulnera el derecho de los ciudadanos de poder acceder a una tutela judicial efectiva.

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