El Gobierno también multará las ofensas contra España e impedir desahucios

Tras la polémica y la contestación social, el Consejo de Ministros ha cambiado algunos de los puntos más controvertidos de la nueva ley. Finalmente las concentraciones frente al Congreso, Senado o delegaciones de comunidades autónomas se sancionarán con 30.000 euros y los insultos a policías con 1.000. Además, se considera infracción grave la obstrucción de la autoridad en la ejecución de decisiones administrativas o judiciales, como por ejemplo los desahucios. Así te hemos contado, minuto a minuto, las decisiones del Consejo de Ministros.

Finalmente la ley de Seguridad Ciudadana ha sido aprobada este viernes por el Consejo de Ministros aunque lo ha hecho con algunas modificaciones con respecto al borrador inicial. Estos cambios se refieren principalmente a las manifestaciones frente a instituciones públicas como el Congreso, el Senado o las delegaciones de las distintas Comunidades Autónomas que pasan de ser, en el borrador, una infracción muy grave con sanciones de entre 30.000 y 600.000 euros a una infracción grave con multas entre 1.000 y 30.000 euros. Otra de las modificaciones es la que se refiere a las amenazas, coacciones, injurias o vejaciones, así como el uso de imágenes de los miembros de Fuerzas y Seguridad del Estado que atenten contra el honor o la seguridad, que no serán infracciones administrativas graves sino leves, sancionables con entre 100 y 1.000 euros.

Ofensas contra España

El Gobierno prevé multar con sanciones de hasta 30.000 euros las ofensas o ultrajes a España, las comunidades autónomas, las entidades locales y sus símbolos, instituciones e himnos cuando estas actuaciones no sean constitutivas de delito, según recoge en anteproyecto de ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobado este viernes por el Consejo de Ministros. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estos actos están considerados como infracción grave en el texto presentado por su Departamento, sancionadas con multas de entre 1.001 y 30.000 euros. "Imagine por ejemplo una manifestación en la que se llevaran pancartas o gritaran consignas claramente ofensivas o vejatorias contra España, las comunidades autónomas o sus símbolos o instituciones. Cuando no sean constitutivas delito y se produzcan de forma pública, podrán ser considerada infracción grave", ha puesto como ejemplo el ministro.

Sin embargo, preguntado después por una manifestación en la que se coreen consignas contra la unidad de España o de alguna autonomía, Fernández Díaz ha reconocido que no entrarían dentro de este supuesto sancionable si se produjesen dentro de la legalidad y sin violencia. "Si es pacífica y dentro de los límites legales, me parece que no sería insulto o vejación más allá de que podamos estar en contra", ha reconocido antes de apuntar que, en el caso de la quema de banderas, si los hechos no son considerados delito, "no cabe duda" de que "incurriría de lleno en esa conducta tipificada como infracción grave".

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Otro de los supuestos por el que ha sido preguntado ha sido el de las pitadas al himno de España en los estadios de fútbol. Fernández Díaz ha puntualizado que este caso está ya contemplado y sancionado en la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el Deporte.

Impedir desahucios, falta grave

Además se mantiene la consideración de infracción grave la alteración de orden público estando encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación, la obstrucción de la autoridad en la ejecución de decisiones administrativas o judiciales, como por ejemplo los desahucios, la negativa a identificarse o las manifestaciones sin autorización así como la negativa a disolver las que sí tienen ese permiso.

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha calificado esta ley de Seguridad ciudadana, que sustituiría a la llamada 'ley Corcuera' vigente desde 1992, como una "iniciativa despenalizadora del Gobierno" y sus sanciones como un "reproche coercitivo de menor intensidad". Según la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con esta norma "ganan espacio las libertades públicas que están mejor reguladas y mejor protegidas".