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Bajan un 5% los abortos en 2012 y Rajoy anula una legislación que funciona

Las interrupciones descendieron en 6.000 con la ley del derecho al aborto

El gobierno de Rajoy ha aprobado una de las leyes más restrictivas de Europa cuando la actual ley de plazos está haciendo bajar el número de abortos. Y el descenso de 2012 es muy relevante, el más importante desde 2009. Los abortos han pasado de 118.000 a 112.000. Seis mil menos. Es un descenso de algo más del cinco por ciento. Cifras confirmadas a la Cadena SER por el ministerio de Sanidad.

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Nueve de cada diez mujeres abortaron dentro de las primeras 14 semanas de gestación y por voluntad propia, libremente. Es el derecho que elimina la ley de Gallardón. Son más de cien mil mujeres. Y unas tres mil interrumpieron su embarazo por anomalía fetal, supuesto que suprime también el ministro para dejarlo disimulado detrás del daño síquico que le puede causar a la mujer y que tendrán que certificar dos médicos.

Es verdad que hay menos mujeres en edad fértil y menos mujeres inmigrantes pero también que cuanto más restrictiva es una legislación, más aumentan los abortos inseguros y el ejemplo esta en América Latina que tiene la tasa más alta. Lo dicen expertas como la ginecóloga de planificación familiar Isabel Serrano "tenemos datos clarísimos y estudios internacionales que nos dicen que allí donde hay leyes mas restrictivas, tenemos más abortos, y no solo mayores cifras sino también abortos mas peligrosos porque se hacen de forma oscura y clandestina".

No se cumplieron los pronósticos ni del PP ni de las organizaciones anti abortistas que alertaban de que con la ley de plazos los abortos se dispararían. Nada más lejos de la realidad. La asociación de clínicas Acai, las que practican los abortos, señalan que con la dura reforma cien mil mujeres se verán abocadas al éxodo abortivo o a un aborto clandestino con el riesgo que puede suponer para su salud. También califica de crueldad sin precedentes que el ministro obligue a las mujeres a someterse a un periplo médico e ideológico porque, entre otras trabas, necesitará un informe acreditado por dos facultativos para poder abortar acogiéndose al supuesto de daño sicológico.

La ley puede suponer también un importante retroceso en materia de prevención, que tanta falta hace. La actual ley de plazos contiene una estrategia para combatir los embarazos no deseados, educación sexual en la escuela y financiación publica de los anticonceptivos. De hecho se llama Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Todo esta primera parte queda también eliminada. El viernes, el ministro Gallardón explico que a través de la Ley General de Sanidad se desarrollarían programas que busquen la formación, información y prevención de embarazos no deseados, transmisión de enfermedades sexuales y de educación afectivo sexual. Pero sin concretar nada más. Y no hay que olvidar que Sanidad dejo de financiar en agosto ocho anticonceptivos de ultima generación.

 
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