Economia y negocios

Empleo y CEOE, enfrentados por la ampliación de las cotizaciones

La ministra Báñez dice que las empresas no pueden hacer política social a costa de la Seguridad Social

La CEOE alcanzó este miércoles un acuerdo unánime, en la reunión de sus órganos de gobierno, por el que piden al Gobierno la retirada del real decreto ley publicado el 21 de diciembre por el que se obliga a cotizar por retribuciones en especie que hasta ahora estaban exentas en todo o en parte. Entre otras, los vales de comida, las aportaciones a los planes de pensiones de empresa, los servicios de guardería o las dietas de transporte.

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La dinámica habitual -cordial- de las relaciones entre el Ministerio de Empleo y la patronal CEOE se ha roto. La razón: la decisión del Gobierno de obligar a cotizar por conceptos (como los tiques de comida, los vales para guardería o las aportaciones a los planes de pensiones de empresa) antes excluidos en todo o en parte. Ayer, la dirección de CEOE pidió al Gobierno por unanimidad que retirase el decreto que aprobó esta medida el pasado 21 de diciembre, con el argumento de que daña la competitividad, el empleo y la recuperación; este jueves, la ministra de Empleo contesta que los empresarios no deben servirse de estos conceptos para evitar pagar a la Seguridad Social.

La reunión de la Junta Directiva de la CEOE que analizó este miércoles el decreto fue tempestuosa, según fuentes de la patronal: algunos de los asistentes llegaron a plantear la posibilidad de pedir la dimisión de la ministra de Empleo, aunque finalmente en el comunicado que emitieron sólo se instaba al Gobierno a retirar el decreto. Los empresarios se sienten traicionados -dicen estas fuentes- porque el Gobierno les había prometido para este año una reducción de las cotizaciones sociales, y se encuentran con una subida; y por eso, anticipan una posición más dura de la patronal en las próximas reformas de alcance que tiene previstas el Gobierno: mutuas, formación y fiscalidad.

La reacción del Gobierno a estas críticas de la patronal no se ha hecho esperar. Primero, en la SER, Tomás Burgos que, según ha dicho, piensa que en España algunas empresas tenían una "contribución a la carta" que se habían construido en base a sus capacidades. "El trabajador tiene derecho a cotizar por la globalidad del salario percibido y esto adquiere una dimensión que les acaba perjudicando y que es incompatible con la sostenibilidad del sistema"-ha explicado el secretario de Estado de la Seguridad Social- "acaba desnaturalizando el concepto contributivo".

Y después, en su comparecencia en el Congreso ante la comisión de Empleo, la ministra de Empleo ha abundado en el mensaje: preguntada por las críticas empresariales, respondía que "las empresas en España tienen que acordar con los trabajadores medidas de políticas social que todos deseamos a cargo de los beneficios empresariales, no a costa del sistema de Seguridad Social". Y ponía ejemplos como éste: "Nadie entendería que en una empresa se haga una política social en función de su cotización o no. Si un cheque guardería es bueno para la conciliación en una empresa, lo será porque es bueno para la conciliación, no porque no cotice a la Seguridad Social", apostillaba.

Los grupos de la oposición han criticado la medida, aunque por distintas razones, según su signo ideológico. Por el PSOE, su diputada Isabel López i Chamosa declaraba que si el Gobierno quería aumentar los ingresos de la Seguridad Social podía haber subido el Salario Mínimo, en vez de congelarlo, y decía que la ampliación de cotizaciones "lo que va a suponer en el fondo es la desaparición del cheque de comida, porque los empresarios no van a pagar nada de su bolsillo; va a significar una bajada más de salarios". Por la derecha, los argumentos eran más parecidos a los que usan los empresarios: "mi grupo no entiende en términos de creación de empleo a corto plazo qué sentido tiene las medidas que toma el ministerio: ponen en riesgo empresas y empleos", decía Carles Campuzano (CiU). Todos los grupos le han reprochado al Gobierno que haya aprobado la decisión sin diálogo previo con empresarios y sindicatos, y le han instado a tramitar la norma como proyecto de Ley, para poder plantear cambios.

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