La Guardia Civil registra las dependencias del ayuntamiento de Melilla
La Guardia Civil, concretamente la U.C.O., registra distintas dependencias de la Ciudad Autónoma desde primera hora de este miércoles
Registros que están relacionados con la llamada 'Operación Ópera', que comenzó el pasado mes de septiembre y que se saldó con once imputados y cuatro detenidos. Se están registrando las dependencias de las Consejerías y Vice consejerías de Bienestar Social, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, Economía y Hacienda, Cultura y Festejos. También se están produciendo registros en las oficinas de dos empresas privadas.
El presidente Imbroda ha manifestado que "se trata de registros sobre la misma investigación y que la Justicia es lenta", refiriéndose a que se ha tardado cuatro meses para continuar con la misma, dando "nuevamente una mala imagen de la ciudad".
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El auto con fecha 11 de Septiembre del año en curso, ordenaba el registro de distintas dependencias municipales "al objeto de descubrir documentos, efectos, instrumentos o cualesquiera otros objetos que permitan la averiguación y descubrimiento de un delito de falsificación en documento público, malversación, tráfico de influencias y prevaricación, o elementos relacionados con la comisión de tales delitos".
Los registros se llevaron a cabo el día 12 de septiembre durante todo el día
La operación llevada a cabo por la Guardia Civil y tutelada por el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Melilla, investigaba la existencia de un presunto fraude fiscal de un pequeño empresario de Melilla, Abdelkader Kassen, como consecuencia del registro en 2009 de una gestoría por presunto blanqueo de capitales.
Esta investigación hizo que la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción número 4 detectasen la posible existencia de "adjudicaciones ilegales y arbitrarias de contratos públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla". Según el auto de la jueza, la investigación se centra en contratos menores adjudicados por la Consejería de Medio Ambiente, con "posibles fraudes de ley en materia de contratación pública mediante fraccionamientos "de las cantidades de los mismos para no llegar al tope marcado por la ley para este tipo de contrataciones "y posibles conciertos previos entre cargos públicos y/o determinados empresarios de Melilla". Esta práctica, y según el auto, podría suponer "posibles falsedades documentales".
Los contratos menores investigados suman casi cinco millones de euros facturados a la Ciudad Autónoma en obras y servicios en un periodo de varios años. Un mes más tarde, fueron imputados el Consejero de Medio Ambiente, José Ángel Perez Calabuig, su director general, José Pastor, y a un funcionario de dicha área, Carlos López Rueda, además del Interventor General accidental de la Ciudad. También fueron imputados el anterior Consejero de Medio Ambiente, y el de Fopmento, así como el actual Consejero de Economía, Daniel Conesa.
