El Gobierno quitará poder a patronal y sindicatos en formación y se lo dará a las empresas privadas

El anunciado (y demorado) proceso para reformular el modelo de la Formación Profesional para el Empleo en España ha empezado ya en serio: el Gobierno ha hecho llegar un primer documento (al que ha tenido acceso esta emisora) a los agentes sociales, y en él detalla sus intenciones. Y estas pasan básicamente por crear un sistema que dé más poder a la Administración Central en la planificación, diseño y control del sistema, a la vez que incorpora aportaciones de las Comunidades Autónomas y da mucho más protagonismo en la impartición de los cursos a las empresas privadas de formación, y las incorpora al diseño del sistema. Todo, a expensas del poder que patronales y sindicatos tienen: su papel se reduciría a participar en el diseño, perdiendo el rol en la gestión y ejecución de los cursos.

Gobierno y agentes sociales llevan hablando desde marzo del pasado año de darle una vuelta al modelo de Formación Profesional para el Empleo (el que busca formar y mantener la cualificación de los trabajadores, tanto ocupados como desempleados), una tarea que ha cobrado más relevancia con la proliferación de informaciones sobre presuntos escándalos que han afectado a la gestión de los recursos de formación por parte de empresas, patronales y sindicatos. Pero ha sido hace apenas dos días cuando ha llegado la primera propuesta por escrito del Gobierno a los agentes sociales, con el título "Avanzando hacia un nuevo modelo de formación ", que pone por escrito lo que el Ejecutivo ya había anticipado que quería hacer: más papel de la empresa privada en la impartición de los cursos y menos de patronales y sindicatos.

El documento dice que el modelo actualmente vigente "ha facilitado la mejora de la empleabilidad y la cualificación de muchos trabajadores [...] en los últimos 20 años", pero asegura a la vez, de forma un tanto contradictoria, que "ha sido claramente ineficiente, pues la mayor inversión no se ha visto reflejada en una mejora de los niveles de cualificación de nuestra población trabajadora". Entre las materias en las que el Gobierno cree que hay que mejorar destaca la "deficiente coordinación" entre los distintos participantes en el sistema, "la falta de una planificación estratégica" y la necesidad de reforzar "los sistemas de información, seguimiento y control [...] con el fin de evitar malas prácticas". Para ello, el texto propone una serie de iniciativas, todavía algo vagas, puesto que se trata del primer documento en un proceso de negociación que se abre ahora.

Ganan Gobierno y empresas privadas, pierden sindicatos y patronales

Si una idea preside el documento, de 30 páginas, es la de "el refuerzo del liderazgo que debe ejercer la Administración General del Estado". Para ello, propone una "redefinición del papel de los agentes en el sistema" en el que el Ministerio de Empleo -vía Servicio Público de Empleo Estatal- vería "reforzado su liderazgo [...] y su capacidad de coordinación en la planificación y evaluación del sistema, su seguimiento y control". A las Comunidades Autónomas se les daría más papel del que gozan ahora "en los mecanismos de coordinación e información del sistema, así como en su programación, seguimiento y control", y dándoles un papel en la Fundación Tripartita, que tiene un papel clave en la gestión del sistema y que agrupa (hasta ahora) a Gobierno y agentes sociales.

Pero quienes más ganarían serían las empresas que se dedican a la formación, porque su nuevo papel sería "no ya como meros proveedores de formación, sino como co-responsables en la planificación y diseño de las iniciativas"; además, se les daría presencia en el principal órgano consultivo del sistema, el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. Además, el Gobierno quiere que estas empresas sean las protagonistas en la impartición de los cursos, en detrimento del papel que ahora tienen patronales y sindicatos: hay que "impulsar la participación directa" de estas empresas de formación, dice el texto, y añade que "es necesario abandonar un modelo" en que sindicatos y patronales actúan como "ejecutores de la formación y perceptores de fondos", porque esto "no resulta compatible con un sistema de formación competitivo".

Con el nuevo esquema que propone el Gobierno, a patronales y sindicatos les queda únicamente participar en la "planificación, programación y diseño" del sistema de Formación Profesional para el Empleo, pero además este papel minorado tendrán que compartirlo con otros agentes a los que el Gobierno quiere incorporar también: no sólo Comunidades Autónomas y empresas privadas, sino también organizaciones de autónomos y de la Economía Social. El papel de sindicatos y patronales también se recortará al limitar el rol de las Comisiones Paritarias Sectoriales, integradas por ambos y que también recibían fondos para la formación. Según el plan del Gobierno, su papel tendrá que ser eminentemente de "consulta a la hora de fijar orientaciones y prioridades formativas".

Más controles: buzón de denuncias

Haciéndose eco de los escándalos que en los últimos meses han afectado a sindicatos, patronales y empresas en lo tocante al manejo de fondos de formación, el documento propone "potenciar las acciones de seguimiento y control [...] para combatir los casos de mala praxis". En este terreno, el texto enfatiza que más allá del control actual de "cumplimiento de requisitos y formalidades", se deberían evaluar "los resultados de la formación: incidencia en términos de conocimientos, empleabilidad e inserción de los trabajadores". En este sentido proponen como punto de partida las entrevistas que se hacen actualmente a alumnos y profesores para ver lo útil que resulta esa formación.

Además de proponer reforzar los controles y aumentar la capacidad sancionadora de los servicios públicos de empleo, el documento incluye propuestas más exóticas, como "un buzón de denuncias gestionado por la Fundación Estatal para la formación en el empleo", algo que -en opinión de los autores del texto- podría "aportar vías ágiles para la transparencia y publicidad de estas situaciones [fraudulentas]". El espíritu liberalizador del documento trasluce aquí con mayor claridad, porque los autores parecen creer que medidas como éstas pondrán de relieve qué empresas son mejores y cuáles peores, algo que permitiría -dicen- "mejorar el conocimiento existente en el mercado, para que aplique su propia penalización".

El documento del Gobierno incluye además un calendario bastante apremiante para negociar y poner en marcha el nuevo sistema: "apertura de la mesa de negociación y desarrollo de reuniones a lo largo del mes de marzo y hasta principios de abril, presentación ante la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales [es decir, ante las Comunidades Autónomas] en el mes de abril, formalización del acuerdo a finales de abril y presentación del contenido del acuerdo ante el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo en la primera quincena de mayo".