Las ONG intervendrán en la gestión sanitaria y social de los CIE
Las normas internas de los CIE seguirán siendo competencia de la Policía Nacional y las ONG podrán gestionar la asistencia social a través de convenios. El reglamento regula el funcionamiento interno de los centros, pendiente desde la aprobación de la Ley de Extranjería de 2009
La nueva norma contempla medidas de seguridad excepcionales como la contención física o la separación de los inmigrantes en habitaciones individuales para evitar actos violentos. La medida no podrá aplicarse a mujeres con hijos o enfermos graves.
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El Consejo de ministros ha aprobado el reglamento -pendiente desde 2010- que fija por primera vez el régimen interno y funcionamiento de los CIEs, centros de internamiento donde se retiene a los inmigrantes antes de ser expulsados del país. Según el ministro Jorge Fernández Díaz en rueda de prensa, el texto recoge las recomendaciones del Consejo de Estado. En su dictamen, el órgano consultivo exigía entre las recomendaciones garantizar la asistencia médica a los internos, además de que los centros médicos funcionen a pleno rendimiento.
La gestión y seguridad dependerá del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y la normativa interna seguirá dependiendo de cada centro. De la asistencia social se encargarán los empleados públicos y abre la puerta a la participación de las ONGs para trabajar en los centros a través de convenios de asistencia social. Las ONGs especializadas en la defensa de los inmigrantes o asilados podrán visitar los centros y presentar quejas.
Como novedad en el real decreto sobre la regulación de los CIE, los internos con condenas penales (inferiores a seis años, que son los condenados que permanecen internos en los centros) estarán separados de los inmigrantes encerrados en el CIE por entrar en España sin documentación legal. Si las instalaciones lo permiten, quienes tengan familia podrán permanecer juntos en las celdas. En cuanto a los derechos, podrán recibir visitas, comunicarse libremente (hasta ahora no era así) con sus abogados, representantes diplomáticos o consulares. Importante también el posible control judicial de los propios CIEs, para ello, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos podrán inspeccionar los centros.
La nueva norma contempla medidas de seguridad excepcionales, entre ellas, permite a los funcionares utilizar medidas de contención física o la separación de los inmigrantes en habitaciones individuales, remitiendo comunicación a la autoridad judicial, para evitar actos violentos. La medida de separación no podrá aplicarse a mujeres con hijos o enfermos graves.
En España hay 8 CIES (5 en la península y 3 en Canarias) y un total de 2.572 plazas. El coste anual de los CIEs es de 8,8 millones de euros, se prevén 3 millones de dotación para mejorar el funcionamiento e inversiones por importe de 2,5 millones de euros. Se mantiene en 60 días el máximo de internamiento.
