Martes, 11 de Mayo de 2021

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CASO GÜRTEL

Ruz investiga a la senadora y alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo

A la vista de los informes del fiscal, de una de las acusaciones populares, y también de un informe de la UDEF, ordena la reapertura de la investigación

Ruz reabre una pieza del caso Gürtel paralizada durante tres años, que se encontraba en un limbo judicial hasta que lo ha advertido el magistrado. Es la adjudicación, por parte de la alcaldesa y también senadora del PP, María José García Pelayo, de los actos municipales de Fitur 2004 a Special Events, la empresa de la trama Gürtel.

El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, reabre la pieza separada de las adjudicaciones bajo sospecha a la Gürtel en Jerez, e inicia el camino para solicitar la imputación de la alcaldesa y senadora del PP, María José García Pelayo por un supuesto delito de prevaricación, tal y como solicitan una de las acusaciones populares y la Fiscalía Anticorrupción.

Los hechos controvertidos son la adjudicación a Special Events, por parte de García Pelayo, de la "prestación de servicios para el desarrollo de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2004" y el "acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid para un espectáculo ecuestre" en la misma feria, a través del Instituto de Promoción y Desarrollo jerezano que también presidía la alcaldesa.

Información privilegiada y falsificación documental

Según el último informe de la UDEF remitido a Pablo Ruz sobre las contrataciones bajo sospecha en Jerez, las empresas de Correa no solo se adjudicaron por el procedimiento negociado y sin publicidad ambos actos por unos 200.000 euros, sino que el proceso estuvo plagado de irregularidades. La UDEF destaca que las empresas de la trama "efectuaron gestiones, contratación y pago de distintos proveedores para la ejecución del Stand de Jerez en Fitur y los eventos relacionados, con anterioridad a que se hubiera establecido y llevado a cabo procedimiento formal de contratación alguno por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo (IPD)" de Jerez, que presidía García Pelayo.

Es decir, que gozaron de información privilegiada. No solo eso. Además, los agentes sostienen que "la documentación" para presentarse a los concursos negociados sin publicidad "fue elaborada y entregada" en este Instituto de Promoción "una vez ejecutados los trabajos y transcurrido casi un mes desde su finalización". Por lo tanto, según la UDEF, las fechas que constan en los distintos contratos firmados entre las partes, "no se corresponden con la realidad, haciéndose constar la misma para dar una apariencia de legalidad en el procedimiento llevado a cabo, cuando la realidad es bien distinta".

En un limbo durante tres años

Esta pieza fue archivada en 2011 por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, pero como destaca el juez Ruz en su auto, el propio Pedreira admitió en junio de aquel año el recurso de reforma presentado por el Ministerio Público mediante una providencia, en la que comunicó que redactaría el pertinente auto. Sin embargo, Pedreira nunca redactó la exposición razonada por la que enmendaba el archivo. Según advierte Ruz, "hasta la fecha" no se ha resuelto la situación, por lo que ha dado traslado a la acusación popular y a la Fiscalía Anticorrupción, que han ratificado la necesidad de investigar el caso.

El juez, a la vista de los informes de la fiscalía, de una de las acusaciones populares, y también de un informe de la UDEF, ordena la reapertura de la investigación. Pide un nuevo informe a la IGAE como paso previo a solicitar otras diligencias, entre ellas la imputación de la senadora, para lo cual habría que enviar el correspondiente suplicatorio al Senado, y sería una investigación que en cualquier caso debería seguir el Supremo.

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