Economia y negocios
ECONOMÍA

El año pasado sólo se cubrieron la mitad de las plazas de empleo público

Aprobadas las nuevas plazas de empleados públicos para este 2014

El Gobierno ha aprobado hoy el número de plazas en la función pública para este año. Totalizan 1.211 nuevas. Se trata de un número algo mayor que el pasado año, cuando se autorizó 1.022. Sin embargo, en 2013 únicamente se llegaron a convocar 572 plazas nuevas, casi la mitad de las que se habían previsto. Al mismo tiempo, los empleados públicos ya en ejercicio, podrán optar al ascenso con 1.675 plazas de promoción interna.

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De acuerdo con los datos facilitados por el Gobierno, en 2013 se convocaron oposiciones para cubrir 572 puestos de trabajo. Se trata en este caso de oposiciones libres, a las que se puede optar para trabajar en la función pública. Sin embargo, en la Oferta de Empleo Público del año pasado se aprobaron un total de 1.022 plazas libres. Así lo recogía el Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de marzo del año pasado. Eso significa que el Gobierno, o en su caso los departamentos de la Administración del Estado, renunció a dotar 450 plazas, que hubiesen supuestos otros tantos puestos de trabajo.

Para este año el Consejo de Ministros ha acordado que se autorizan 1.211. Son 189 más que el pasado año. Pero está todavía por ver si finalmente se convocan todas esas plazas o sólo una parte, como ya ocurrió en 2013.

Al mismo tiempo, en 2014 los empleados públicos ya en ejercicio tendrán la posibilidad de optar a 1.675 plazas de promoción interna. En este caso, no son puestos de trabajo nuevos, sino ascensos o cambios profesionales. Son casi el triple de los que se autorizaron el año pasado para promoción interna.

En la actualidad, en el Estado, con carácter general, no se cubren los puestos de trabajo que quedan vacantes por jubilación, fallecimiento o abandono de la Administración, de acuerdo con lo que establece la ley de presupuestos. Sólo se puede cubrir el 10% de las plazas vacantes en algunos casos concretos, como educación, justicia, instituciones penitenciarias o la Agencia Tributaria. Ello hace que cada año se reduzca de manera significativa el número de empleos en el Estado, con independencia de los escasos puestos que autorice el Gobierno.

 
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