El Gobierno no adopta grandes medidas para luchar contra la violencia de género
Entre las novedades, los jueces tendrán la obligación de pronunciarse de oficio sobre la pertinencia de adopción de medidas civiles cuando haya hijos menores
La cumbre ministerial Mato, Fernández Díaz y Gallardón terminó con el anuncio de medidas policiales y judiciales para mejorar la protección de la víctima pero que no tienen dotación presupuestaria. Se trata de actuaciones para reorganizar los recursos existentes y para mejorar la coordinación. Entre las más importantes: garantizar la presencia de policias expertos en violencia de género en todas las comisarías pero sin implicar un aumento del número de efectivos; obligar a los jueces a pronunciarse de oficio sobre las medidas civiles de protección de los menores y ampliar las competencias de los juzgados especializados sobre el incumplimiento del alejamiento.
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No habrá una mayor dotación policial contra la violencia de género pero sí una reorganización de los efectivos. De esta manera el Gobierno dice que garantizará la presencia de agentes especializados en todas las comisarías y puestos de la Guardia Civil.
Policías que dispondrán de un nuevo cuestionario para evaluar el riesgo de la víctima con la incorporación de datos sobre su vulnerabilidad. Y que tendrán que revisar cada dos o tres meses la situación de las 46.000 víctimas que no revisten gravedad para comprobar si el riesgo ha empeorado. Se creará un grupo de trabajo para diseñar planes personalizados de protección.
Además sobre los jueces recaerá la responsabilidad de conceder la custodia compartida o el régimen de visitas de los hijos a un maltratador. Estarán obligados a pronunciarse de oficio sobre la protección de los menores. Se reforzará la especialización de los jueces y de los equipos sicosociales.
Los juzgados de violencia asumirán la instrucción de nuevos delitos como el incumplimiento del alejamiento, el ciberacoso o delitos contra la intimidad. Dentro del Estatuto de la Victima, se estudiarán medidas para evitar la victimización secundaria con el objetivo de que la maltratada no tenga que declarar más veces de las necesarias. Y la victima será informada sobre los cambios en la situación penitenciaria de su maltratador.
Son todas ellas medidas de coste cero, sin dotación presupuestaria que han estudiado esta tarde los tres ministros y que ni Mato, ni Fernández Díaz ni Gallardón han explicado. De los acuerdos de la reunión se ha informado con un comunicado de prensa.
