Ruz no archiva las causas de Guantánamo y el Sahara Occidental

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha maniobrado para evitar el archivo de las causas que investigan las torturas presuntamente cometidas en la cárcel estadounidense de Guantánamo y los supuestos delitos cometidos contra la población del Sahara Occidental en Tindouf. En el caso de Guantánamo Ruz establece que se investigan delitos de torturas y que el III Convenio de Ginebra "impone la obligación de persecución" al mismo tiempo que alega que el Sahara Occidental era territorio español incluso después de la descolonización en 1975.

El juez Ruz sigue adelante, por ahora, con las investigaciones de Guantánamo y de los crímenes presuntamente cometidos en Tindouf por el Frente Polisario a partir de 1975. El magistrado ha maniobrado para evitar el cierre de estas dos causas, tal y como ordena la nueva ley de justicia universal: en el caso de Guantánamo transforma el procedimiento en un sumario por delitos de torturas y crímenes de guerra, mientras que en el caso de los crímenes contra la población del Sahara Occidental en Tindouf hace suyos los argumentos del fiscal y alega que en aquel momento se trataba de territorio español y por tanto competencia de los tribunales españoles.

Para el juez Ruz, la causa que investiga las presuntas torturas cometidas por Estados Unidos contra cuatro presos de Guantánamo no puede ser archivada, porque en este caso los convenios internacionales firmados por España deben prevalecer sobre la nueva ley de justicia universal impulsada por el Partido Popular. "Nos encontramos ante una evidente colisión entre el derecho interno y las obligaciones contraídas por España en virtud de los tratados internacionales", en referencia al III Convenio de Ginebra "que imponen la obligación de persecución en los casos de comisión de actos de tortura". La querella se dirige contra varios miembros de la administración Bush.

La decisión de no archivar por ahora la investigación de Guantánamo se sostiene también en las comisiones rogatorias enviadas por el juez a Estados Unidos. El magistrado señala que todavía debe esperar a que Estados Unidos refleje oficialmente si ya se está llevando a cabo una investigación en ese país sobre estos hechos, para poder elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo tal y como exige la nueva ley. La justicia española preguntó esto a Estados Unidos por primera vez en mayo de 2009.

El Sahara Occidental era territorio español en 1976

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En el caso del Sahara Occidental, el magistrado investiga los presuntos crímenes que se habrían cometido en Tindouf por parte del Frente Polisario y el ejército de Marruecos a partir de 1975 en las cárceles, una causa en la que mantiene imputados a dos dirigentes. Señala el juez en su auto, reproduciendo los argumentos de la Fiscalía, que en aquellas fechas el Sahara Occidental todavía era una provincia española, y que por tanto debe ser considerado territorio español y jurisdicción de los tribunales españoles. De esta manera, la causa cumpliría con las exigencias de la nueva ley de justicia universal, teniendo también en cuenta que a partir de ese momento los delitos presuntamente cometidos estarían conectados.

Los magistrados Pablo Ruz e Ismael Moreno investigan en sus respectivos juzgados de la Audiencia Nacional dos casos relacionados con los crímenes del Sahara Occidental: la muerte de un ciudadano español en El Aaiún en 2010 y los presuntos crímenes cometidos en Tindouf a partir de 1975. Ambos preguntaron a la Fiscalía y a las partes si los dos casos debían ser archivados en aplicación de la nueva ley de justicia universal impulsada por el Partido Popular.

La Fiscalía rechazó el archivo de las dos causas del Sahara Occidental

Dos fiscales de la Audiencia Nacional rechazaron la semana pasada que estas dos causas relativas a los crímenes del Sahara Occidental fueran archivadas. En el caso de la muerte de un español en El Aaiún en 2010, el fiscal argumentó que a día de hoy España sigue siendo la potencia administradora "de derecho" de este territorio. En el caso de las presuntas torturas y crímenes cometidos en Tindouf a partir de 1975, el fiscal alegó que en ese momento el Sahara Occidental era "la provincia española nº 53" y, por tanto, territorio español y jurisprudencia de los jueces españoles.