La justicia española empieza a aplicar la anulación del céntimo sanitario
Los jueces de la Audiencia Nacional dan la razón a una empresa a la que se había negado la devolución del céntimo sanitario y exige que la Agencia Tributaria aplique la sentencia de Luxemburgo que declaró contrario a derecho éste impuesto de venta minorista de hidrocarburos
La Audiencia Nacional ha resuelto el primer recurso de una empresa contra el denominado céntimo sanitario, y ha resuelto que la Agencia Tributaria debe volver a estudiar cada caso, pero teniendo en cuenta el criterio de la sentencia de la justicia europea que declaró este impuesto como contrario a derecho. La resolución favorable de este recurso marca el camino a más de un centenar de procedimientos judiciales iniciados por empresas que también reclaman la devolución de este dinero.
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La Audiencia Nacional ha resuelto el primer recurso que ha llegado a sus manos sobre el céntimo sanitario y, marcando el camino a más de 100 reclamaciones similares, exige a la Agencia Tributaria que actúe conforme a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que declaró este impuesto contrario a derecho. Los jueces de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional han estimado el recurso de una empresa, a la que se negó la devolución de este céntimo sanitario, y pide que cada caso vuelva a manos de la Agencia Tributaria para que, aplicando esta sentencia de la justicia europea, tome una decisión en cada caso.
Se trata de una resolución que, según fuentes jurídicas, marca el camino a más de un centenar de recursos de empresas que reclaman este impuesto de venta minorista de hidrocarburos, denominado 'céntimo sanitario': anula las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central que había rechazado las reclamaciones.
Los jueces entienden aunque el céntimo sanitario ha sido declarado como contrario a derecho por la justicia europea, el procedimiento administrativo para determinar la concurrencia de los requisitos en cada reclamación de devolución debe completarse en la Agencia Tributaria, que debe ser quien reconozca en cada caso el derecho a la devolución del dinero. Señalan que "los ingresos realizados en cumplimiento de la norma de derecho interno han de reputarse indebidos".
En total, el Gobierno se enfrenta a tener que devolver aproximadamente 13.000 millones de euros recaudados entre 2002 y 2011, según estimaron las propias autoridades españolas.
