Un Consejo Fiscal dividido aprueba el informe de la ley del aborto

El Consejo Fiscal ha dado luz verde, con 8 votos a favor y 4 en contra, al informe sobre la ley del aborto que propone al Ministro Gallardón multar a las mujeres que interrumpan su embarazo fuera de los supuestos permitidos en el anteproyecto. El sector progresista del Consejo ha anunciado que emitirá votos particulares, por entender que la reforma de Gallardón se ajusta a la Constitución pero que es "innecesaria".

Con 8 votos a favor y 4 en contra, un Consejo Fiscal dividido ha aprobado su informe definitivo sobre la reforma propuesta por Gallardón para la ley del aborto: un texto que refleja la opinión oficial de los fiscales y que pide al Ministro de Justicia que imponga sanciones económicas a aquellas mujeres que aborten fuera de los supuestos permitidos por el anteproyecto. "Consideramos procedente mantener la previsión de una sanción a la mujer que se causa su propio aborto o consiente que otro se lo cause, al margen de los supuestos previstos", dice el texto aprobado, al que ha tenido acceso la SER. Fuentes fiscales interpretan que si una mujer no paga esta multa podría ir a prisión un día por cada dos de multa que haya dejado de pagar, en este caso un máximo de un año de prisión.

Se trata de una redacción final del informe preceptivo que ha tenido que ser suavizado desde que llegara a la mesa del Consejo Fiscal. Fuentes del Consejo han confirmado a la Cadena SER que el sector progresista formulará votos particulares contra este informe, por entender que la reforma de Gallardón es constitucional pero que en todo caso es "innecesaria". Un informe preceptivo que enviará el Consejo Fiscal al Gobierno en los últimos compases de la tramitación parlamentaria del proyecto de reforma de la ley del aborto de Alberto Ruiz-Gallardón, avalando el grueso de los artículos del proyecto y aplaudiendo que la vida del nasciturus sea equiparada en protección jurídica a la de la mujer en la mayoría de los supuestos: señalan que el aborto no es un derecho de la mujer, y que la vida del nasciturus no es "un bien a su libre disposición".

Proteger a las personas con discapacidad

El informe aprobado esta semana ve con buenos ojos que se elimine la posibilidad del aborto eugenésico (la interrupción del embarazo por malformación en el feto que no afecte a su seguridad o la de la madre), alegando que así la ley cumplirá con los tratados internacionales sobre la protección de personas con discapacidad firmados por España. Pero también pide cambios a Gallardón, como por ejemplo proponiendo que el daño psicológico de la mujer no sea un criterio vinculante a la hora de permitir un aborto por malformación del feto. A este respecto los fiscales también ven más razonable que sea un único médico el que redacte el informe facultativo, y no dos como propone Gallardón ya que podrían contradecirse entre sí, y no hay ningún mecanismo previsto para esta situación.

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De la misma manera exige que todos los centros médicos garanticen que haya profesionales que no apelen a la objeción de conciencia para evitar interrumpir un embarazo en los casos permitidos: lo contrario, aseguran, condenaría a la mujer a un "peregrinaje indeseable". El Consejo avala el artículo que permite a un fiscal asumir la representación de los intereses de una mujer que quiere abortar, aunque su opinión sea distinta a la de la afectada.

Falta el informe del Poder Judicial

Este informe del Consejo Fiscal es uno de los análisis preceptivos que el Gobierno debe estudiar, aunque no tiene que asumir, para completar su anteproyecto de reforma de la ley del aborto. Otro de los informes principales que espera el ejecutivo es el del Consejo General del Poder Judicial, que será debatido en un pleno extraordinario del próximo 13 de junio. Los dos borradores que estudiará el CGPJ proponen cambios profundos a Gallardón.