Las voces discrepantes del Consejo Fiscal creen que la ley del aborto es innecesaria

Tres de los miembros del Consejo Fiscal que votaron en contra del informe definitivo sobre la ley del aborto han redactado su voto particular, criticando que el Consejo se limite a "negar el derecho de acceso al aborto pero silenciando la tutela de los derechos de la mujer embarazada".

La división interna del Consejo Fiscal en torno al anteproyecto de la futura ley del aborto se deja ver en los votos discrepantes. Tres de los cuatro fiscales que votaron en contra del informe definitivo del Consejo Fiscal ya han redactado su voto particular: discrepan del texto por entender que la reforma propuesta por Ruiz-Gallardón "no justifica con suficiencia y acierto la necesidad de la reforma", acusando además al Ministro de Justicia de basarse en datos sesgados para avalar una reforma cuya demanda social "es difícil de apreciar".

El texto crítico con el informe y con el anteproyecto de la reforma, al que ha tenido acceso la Cadena SER y firmado por los consejeros Eduardo Esteban, Sofía Puente y Fernando Rodríguez, reprocha al anteproyecto y al Consejo Fiscal que propongan acudir a la vía penal para proteger al nasciturus, como también critica abiertamente que el informe se centre sólo en prohibir el aborto pero no en proteger a las embarazadas: "Hay un esfuerzo argumentativo centrado en la negación del derecho de acceso al aborto, pero silenciando en muy buena parte la necesaria tutela de los derechos de la mujer embarazada".

Para los consejeros discrepantes, miembros de la Unión Progresista de Fiscales, "resulta llamativa la escasa atención que a los derechos de la libertad de la mujer embarazada se presta en el informe aprobado por mayoría".

Una reforma "injustificada" con datos incompletos

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Para estos jueces discrepantes, la reforma propuesta por el ministro de Justicia no tiene una justificación en los números ni tampoco en el reclamo social que pone sobre la mesa el anteproyecto. "Ni la Exposición de Motivos ni la Memoria de Impacto Normativo justifican con suficiencia y acierto la necesidad de la reforma y del cambio de modelo".

También apuntan a un sesgo de los datos utilizados para justificar la reforma: señalan que el anteproyecto sólo expone las estadísticas de 2010 y 2011, el año inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la ley de plazos, pero omite los datos de 2012 cuando el número de abortos empezó a disminuir, lo mismo que sucede en los casos que conciernen a menores de edad. Critican en este punto que ha pasado demasiado poco tiempo desde la entrada en vigor de la ley anterior para ponderar sus efectos: "El lapso de tiempo transcurrido desde su entrada en vigor es escaso y a día de hoy no existe tacha de inconstitucionalidad sobre esta regulación".

El voto particular contrario de estos tres consejeros también pone en tela de juicio la "demanda social" que según Justicia existe para modificar esta legislación: "Se dice que la regulación pretende dar respuesta a una demanda social existente, y ciertamente resulta difícil apreciar la realidad de tal demanda. Las encuestas y sondeos de opinión que se están llevando a cabo permiten cuestionar esta pretendida justificación. Al contrario, ha sido el anuncio de la presente iniciativa legislativa el que ha provocado una encendida polémica y controversia a nivel nacional con ecos, incluso, de ámbito internacional".

La desaparición del aborto eugenésico: "Novedad llamativa y preocupante"

Otro de los puntos más criticados del informe aprobado por el Consejo Fiscal es lo referido a la eliminación del aborto eugenésico: "Es una de las novedades más llamativas y preocupantes, y el análisis que de esta exclusión se hace en el informe mayoritario resulta visiblemente insuficiente".

Los tres consejeros discrepantes también enfrentan su opinión con la del Consejo en cuanto a la normativa internacional: "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos nunca ha condenado a un estado por aplicar un sistema de plazos, incluso con algunas consideraciones en sus sentencias a favor de tal opción legislativa".

Reproche por no esperar al Constitucional

Los consejeros coinciden en varios puntos con el informe aprobado por el Consejo Fiscal: también critican que el ministro de Justicia haya decidido tramitar este anteproyecto de reforma antes de que el Tribunal Constitucional se haya podido pronunciar sobre la normativa.