Prisión para el expresidente de la empresa pública comercializadora de armas
El juez Ruz decreta el ingreso en prisión sin fianza del expresidente de Defex y otros tres detenidos en el marco de la Operación Angora, estimando que la trama podría haber desviado fondos de un contrato de 152 millones de euros con Angola
Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decretado el ingreso en prisión sin fianza para el expresidente de la comercializadora pública de armamento, Defex, y también para otros tres detenidos el pasado jueves en el marco de la Operación Angora. El magistrado les atribuye seis delitos, entre ellos integrar una organización criminal, investigando la posible desviación de fondos de un contrato de 152 millones de euros para equipar a la policía angoleña, y le atribuye delitos de integración de organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
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Fianza de 200.000 euros para un directivo de Defex
Se trata de una decisión que toma el juez Ruz después de tomar declaración a los nueve detenidos durante más de doce horas. También acuerda el ingreso en prisión sin fianza para otros tres detenidos, uno de ellos directivo de Defex. En cuanto a los otros cinco , se ha decretado prisión eludible bajo una fianza de 200.000 euros para una de ellas, fianza de 20.000 euros para otro (exconsejero de Defex) y libertad con retirada de pasaporte para los tres restantes, así como la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado central.
"El principal motivo de la celebración del contrato de suministro era el enriquecimiento de los querellados al margen del cumplimiento del contrato", señala el juez Ruz en su auto, donde también especifica que en casa de José Ignacio Encinas Charro se incautaron más de 300.000 euros en efectivo. También señala que en su maletín se encontraron notas manuscritas donde aludía a una "posible aparición en medios del gran escándalo".
Según fuentes jurídicas, el magistrado investiga el posible desvío de fondos de un contrato de 152 millones de euros firmados para equipar a la policía nacional de Angola por parte de una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Defex y una empresa denominada Comercial Cueto S.A. El contrato se habría firmado en 2008, "estableciendo un beneficio material entre el 200 y el 300 por ciento", y supuestamente sin constar el procedimiento administrativo por el que las autoridades angoleñas les adjudicaron este contrato. El juez sospecha que que los directivos de estas dos empresas detenidos llegaron a un acuerdo con funcionarios de Angola para sacar dinero de estos contratos millonarios de suministro de material de policía y, a través de un entramado societario, llevarlo a paraísos fiscales.
Precisamente, el juez señala que desde las cuentas corrientes de la UTE formada por estas dos empresas se transfirieron 41,4 millones de euros a una cuenta en Luxemburgo "sin razón comercial o actividad mercantil alguna", utilizando supuestamente facturas falsas para justificar estas transacciones. También especifica el auto que sólo 35 millones fueron pagados a las empresas proveedoras. Como beneficiarios últimos de este dinero figurarían los propios querellados y familiares de los funcionarios públicos de Angola.
