Golpe a la corrupción en la empresa pública comercializadora de armas
Hay diez detenidos, entre ellos José Ignacio Encinas Charro, presidente de Defex entre 1991 y junio de 2012, que figura entre los principales imputados por el fraude en contratos millonarios internacionales de material policial
Madrid
La Guardia Civil detiene al expresidente y a varios de los actuales responsables de la comercializadora de armamento Defex, controlada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que posee el 51 por ciento de las acciones de la firma bajo sospecha.
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La Guardia Civil, en una operación ordenada por el juez Pablo Ruz en cooperación con la Fiscalía Anticorrupción, ha desmantelado un supuesto entramado fraudulento en el que figuraban varios cargos y excargos de la empresa Defex, controlada por la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Los agentes han detenido a nueve personas en España y una en Luxemburgo porque al parecer desviaban a paraísos fiscales contratos millonarios obtenidos en el extranjero.
Entre los detenidos se encuentra José Ignacio Encinas Charro, expresidente de Defex, que se habría servido de sus contactos durante más de 20 años en la empresa pública dependiente de la SEPI para realizar estos negocios, según fuentes del caso. También se encuentran entre los detenidos Enrique Gómez Cuesta y Manuel Iglesias-Sarrià, que en 2013 fueron renovados como director financiero y apoderado respectivamente en Defex, según el registro mercantil. Además, hay otros exrepresentantes de la empresa distribuidora de armamento como Angel María Larrumbe o Juan Carlos Cueto.
También ha sido detenida en Luxemburgo la sobrina de Francisco Paesa, Beatriz García Paesa. Los diez detenidos habrían creado un entramado dedicado al fraude millonario con contratos internacionales. La Guardia Civil hace referencia a un contrato suscrito con el gobierno de Angora para suministrar a este país material policial por valor de 152 millones de euros. Según la Benemérita, desde el bufete de abogados luxemburgués donde trabajaba la sobrina de Paesa, los fondos se desviaban a paraísos fiscales como Nueva Zelanda, Gibraltar, Hong Kong, Suiza, Singapur, Islas Caimán, Madeira, Angola y Luxemburgo.
La investigación comenzó en el año 2013 gracias a Luxemburgo que detectó decenas de millones de euros desde cuentas bancarias españolas sin justificación aparente. Se han realizado 16 registros e intervenido casi 125.000 euros, inmuebles, vehículos y diversa documentación. La operación continúa secreta y este viernes declararán los detenidos ante el juez Pablo Ruz.
