Jueves, 08 de Diciembre de 2022

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La regeneración democrática del PP ampararía a Bárcenas

En el PP plantean que un cargo público implicado en un caso de corrupción asuma sus responsabilidades políticas cuando se le abra juicio oral y no cuando se le impute. Si fuera así, Luis Bárcenas aún podría seguir siendo senador del PP

Imagen de archivo del extesorero del PP Luís Bárcenas

Imagen de archivo del extesorero del PP Luís Bárcenas / EFE

El 1 de agosto se cumple un año desde que Rajoy compareció en el Senado para hablar del 'caso de la caja B del PP'. Desde entonces tanto él como su partido han evitado dar explicaciones y se remiten constantemente a lo que digan los tribunales.

Entre las propuestas de regeneración democrática, el PP quiere consensuar con el resto de partidos el momento en que un cargo público implicado en un caso de corrupción debe asumir responsabilidades políticas.

En la escuela de verano, Carlos Floriano planteó que la dimisión coincidiese con la apertura de juicio oral y no con la imputación. Bajo esa premisa, Luis Bárcenas podría seguir siendo ahora mismo senador del Partido Popular, cargo al que renunció en 2010 después de que estallara el 'caso Gürtel'. El extesorero, que estuvo contratado hasta enero de 2013 y pagando sus cuotas como militante hasta abril del mimo año, está en la cárcel pero no ha sido aún procesado.

Y si esto se aplicara finalmente, ante escándalos como el de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el PP podría seguir haciendo como hasta ahora y no tendría que adoptar ninguna decisión hasta que se iniciara el proceso judicial.

Los populares apremian y piden mayor contundencia a los tribunales, algo a lo que ellos, en ocasiones, no contribuyen. Por ejemplo, al PP se le expulsó como acusación particular del 'caso Gürtel' y no se le permitió personarse en la pieza separada que investiga la caja B , porque se comportaba más "como defensor" de los cargos imputados. También es el caso de la Comunidad Valenciana en la que algunos dirigentes del partido renunciaron a su escaño para perder la condición de aforados para dilatar las causas. Una estrategia tan flagrante que hasta la fiscalía anticorrupción tacha de "fraude de ley".

Ante las críticas en el PP dicen que no se les puede acusar de no tomar medidas para luchar contra la corrupción porque cuando las lanzan la oposición mira para otro lado. Quieren fijar un criterio, dar con una solución para que no se le esté dando siempre vueltas a la misma historia. Varios cargos conservadores defienden que imputado no es sinónimo de culpable. Y se quejan de la llamada 'pena de telediario' en el que una persona ve como toda su vida desfila por los medios.

Dentro del PP consideran que lo idóneo es seguir el modelo gallego, donde se han producido dimisiones en cadena cuando los concejales del ayuntamiento de Santiago supieron que se iban a tener que enfrentar al banquillo.

En cualquier caso, en la cúpula del PP dicen que esto es algo que todavía se tiene que hablar con el resto de partidos porque a todos les salpica. Explican que lo harán en septiembre cuando se aborden además otros asuntos, como la elección directa del alcalde. Hacen hincapié en que se trata de una propuesta, abierta al debate y que se puede encontrar otra mejor. El futuro secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha mostrado igualmente partidario de que un cargo deba dimitir cuando se abre juicio oral, aunque está por ver que los socialistas quieran pactar con el PP sus medidas de regeneración democrática.

El 1 de agosto se cumple un año desde que Rajoy fue al Senado para hablar del caso Bárcenas. Desde entonces tanto él como su partido han evitado dar explicaciones y se remiten constantemente a lo que digan los tribunales. Este año, en principio, ese mismo día el presidente del Gobierno ofrecerá una rueda de prensa para realizar balance del curso político.

El PP ha hecho un cuadernillo en el que ha englobado todas sus propuestas. Pero son todas conocidas. Entre ellas señalan que los altos cargos no podrán tener más del 10% de participaciones de empresas que contraten con el sector público o reciban subvenciones públicas. Algo que tendrían que aplicar a Miguel Arias Cañete, accionista de una empresa petrolífera, Petrologis, que mantiene contratos con la Administración aunque él asegura desconocerlo. Entre las medidas procesales también se incluye la limitación de la utilización de recursos con finalidad dilatoria. Los populares han olvidado que cuando estalló el 'caso Gürtel' esa era la táctica empleada por el gabinete jurídico del partido que lo comandaba, Federico Trillo.

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