El Gobierno agiliza el cambio de comunidad para mujeres maltratadas

Las víctimas de violencia machista y sus hijos podrán desplazarse a casas de acogida de comunidades autónomas distintas a las suyas y sin coste alguno, tal y como ha decuidido la Conferencia Sectorial de Igualdad, que ha fijado un máximo de 15 días para que los gobiernos regionales resuelvan los trámites necesarios.

Esto es lo que consta en un protocolo que han suscrito todas las comunidades autónomas excepto Cataluña y País Vasco, sobre todo por temas competenciales, según ha informado en rueda de prensa la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, tras la sectorial. No obstante, ha confiado en que primará la solidaridad por encima de todo y que ninguna mujer quedará desatendida. Tampoco lo ha firmado aún Melilla por no estar presente en la reunión, pero Sanidad ha asegurado que le consta que lo hará próximamente.

El protocolo establece un marco común de actuación de acuerdo con las premisas de la seguridad, recuperación y confidencialidad de las víctimas y sus hijos, ha señalado Camarero, quien ha lamentado que 29 mujeres hayan sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año.

Según el documento, la comunidad de origen de la víctima o si así lo acuerda con la de acogida asumirán los costes de desplazamiento y cuando llegue la mujer con sus hijos al nuevo centro éstos serán escolarizados de forma inmediata. La comunidad de origen de la víctima también asumirá el gasto que ocasionen los viajes de regreso y el alojamiento por obligación del proceso judicial o por causa debidamente justificada.

La mujer será derivada a una casa de acogida situada en otra comunidad cuando haya una resolución judicial o un informe del Ministerio Fiscal y, en casos urgentes porque esté en juego su vida, bastará un informe del Centro de la Mujer, de Servicios Sociales, u organismos de igualdad o equivalentes.

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Sanidad también ha presentado a las comunidades las "Pautas comunes para la intervención integral e individualizada con mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas y otras personas a su cargo". Éstas tienen como objetivo hacer una intervención personalizada y multidisciplinar con las víctimas y sus hijos y hace hincapié en la coordinación entre los distintos profesionales que intervienen en el proceso. Además, define los objetivos para la recuperación de las maltratadas y los hijos a partir de la asistencia psicosocial, laboral, educativa y sanitaria. A las víctimas les será asignado un profesional de servicios sociales para llevar su caso y el posterior seguimiento a través de un plan individualizado.

Por otra parte, el Ministerio ha comunicado a las comunidades que contarán este año con 4,3 millones de euros para desarrollar proyectos de atención integral para las maltratadas (3,1 millones) y para la atención a los menores expuestos a este tipo de violencia (1,2 millones). A esta cantidad hay que sumarle alrededor de un millón más provenientes del Espacio Económico Europeo, en concreto de Noruega.

Durante la reunión, calificada por Camarerto como "histórica", ha anunciado que el Ministerio ha propuesto elaborar un informe con el balance de los diez años de vigencia de la ley integral contra la violencia de género, para saber los avances que se han logrado, así como los retrocesos y fallos.

También ha recordado en la reunión la coordinación entre autonomías para combatir la mutilación genital femenina (se creará un grupo de trabajo 'online') así como la actualización de la guía de recursos autonómicos dirigidos a la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

Antes de la sectorial, Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco han criticado que la reforma del aborto no estuviera incluida en el orden del día y finalmente han planteado la retirada del proyecto de ley, en el turno de ruegos y preguntas.

Camarero ha afirmado en torno al tema que los puntos que se debatían en la reunión ya se habían fijado en la reunión preparatoria con las autonomías pero que han sido escuchadas las opiniones discrepantes con la reforma impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia.