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Martes, 20 de Agosto de 2019

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Inminente decisión de la ONU sobre la primera denuncia por violencia machista

Se pronunciará sobre el asesinato de una menor durante un régimen de visitas

El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) tiene cerrado ya su dictamen sobre la primera demanda presentada por una española por violencia de género. Lo dará a conocer en unos días. Se trata del caso de Ángela González Carreño, la madre de una niña de 7 años asesinada por el padre maltratador aprovechando un régimen de visitas.

Ángela González Carreño pide en su demanda al Comité de la ONU que condene a España porque considera que en su caso hubo una "completa negligencia judicial y policial". Denuncia que a pesar de las más de 40 denuncias presentadas contra su marido y agresor, las autoridades no le ofrecieron protección ni a ella ni a su hija. El padre mató a la pequeña Andrea durante un régimen de visitas y despues se suicidó.

Women's Link Worldwide es la ONG que formuló hace dos años la demanda ante el CEDAW. La abogada de la organización Gemma Fernández destaca que este caso es "muy potente porque visibiliza la desprotección de los menores ante el maltrato y la decisión de primar los derechos del padre sobre el interés de los niños". La letrada insiste en que "cuando hay indicios de violencia de género hay que revisar muy bien las custodias y el régimen de visitas porque no puede ser que los derechos de los padres maltratadores a tener visitas estén por encima de los derechos de los niños a tener una vida libre de violencia y a estar a salvo".

"Quiero que un caso como el mío no vuelva a suceder" pidió en su día Ángela, una superviviente de la violencia de género con una historia tremenda. Empezó a sufrir malos tratos y agresiones por parte de su marido desde que se quedó embarazada de una niña y no de un varón. En 1999 huyó de su domicilio con su hija Andrea que entonces tenía 3 años. Denunció el maltrato y solicitó la separación de su agresor. La situación de violencia se mantuvo y durante años Ángela buscó protección para ella y para su hija ante los tribunales solicitando que el régimen de visitas de la menor con su padre maltratador fuera vigilado.

A pesar de las más de 40 denuncias interpuestas por impago de pensión de alimentos, por agresiones y acoso a las que eran sometidas, el maltratador fue condenado solamente una vez por una falta de vejaciones a una multa de 45 euros. El quebrantamiento de las órdenes de alejamiento nunca fue sancionado y los tribunales permitieron que las visitas con la niña fuesen sin vigilancia.

El crimen de Andrea tuvo lugar en la tarde del 24 de abril de 2003. Ese mismo día por la mañana se había celebrado una vista oral para definir a quien le correspondía el disfrute de la vivienda familiar que tenía en ese momento el agresor. Cuando Ángela fue a recoger a su hija al punto de encuentro de los Servicios Sociales después de la visita abierta con su padre, la pequeña ya no estaba. La pequeña murió a manos de su protenitor de dos disparos en la cabeza. Él se suicidó.

Ángela inició posteriormente toda una batalla para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la administración policial y judicial. Nadie reconoció esa responsabilidad: ni el ministerio de Justicia, ni la Audiencia Nacional, ni el Tribunal Supremo ni el Constitucional. Agotados todos los recursos internos, la madre decidió llevar "la cadena de errores y vulneración de derechos fundamentales" a la ONU y pedir justicia ante el CEDAW.

El caso de Ángela puede ser "emblemático" y puede sentar un importante precedente si el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer es positivo y le da la razón porque sus recomendaciones serían vinculantes para España y para los 187 paises miembros. En la demanda se pide por un lado, que se declare responsable de la muerte al Estado español por la negligencia de las autoridades policiales y judiciales y por dejar en la impunidad la violencia que sufrieron Ángela y su hija, y por otro que se exija a España medidas de protección real y efectivas tanto a las mujeres víctimas como a los menores.

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