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Jueves, 12 de Diciembre de 2019

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El juez ordena cinco prisiones sin fianza

El magistrado decreta prisión incondicional para el presidente de la Diputación de León y el alcalde de Valdemoro del PP; un 'conseguidor', la secretaria de Marjaliza y un empleado de Cofely en la segunda jornada de declaraciones de la Operación Púnica

La segunda jornada de declaraciones por la Operación Púnica ante el juzgado central de instrucción número seis de la Audiencia Nacional se ha saldado con cinco órdenes de ingreso en prisión incondicional; nueve de cárcel eludible con fianzas de entre 25.000 y 300.000 euros; y una libertad, para el exalcalde del PSOE en Cartagena, José Antonio Alonso, a pesar de considerarle "cabeza de un entramado de tráfico de influencias", que contactó con "autoridades en Murcia, León y Madrid para la adjudicación de contratos públicos" junto a uno de los "conseguidores".

Las cinco prisiones incondicional, sin posibilidad de fianza, son para el presidente de la Diputación del PP en León, Marcos Martínez; el alcalde del PP en Valdemoro, José Carlos Boza; a la secretaria del 'conseguidor' Marjaliza, Ana María Ramírez; el 'conseguidor' Alejandro de Pedro; y para el empleado de Cofely, Pedro García.

El magistrado ha decretado prisiones eludibles con fianzas de 300.000 euros para el empresario José Luis Huerta; de 100.000 euros para los responsables de la firma Cofely, Didier Maurice, Constantino Álvarez y José Antonio Hernández; al arquitecto de Valdemoro, José Luis Navarro; y para el administrador de Marjaliza, Antonio Serrano;

Velasco también ordena prisión con fianza de 60.000 euros para el teniente de alcalde en Valdemoro, José Javier Hernández; un total de 50.000 euros para el empresario Eduardo de la Peña; y 25.000 euros para Alfredo Ovejero, jefe de gabinete en Valdemoro.

Todos ellos han sido trasladados al centro penitenciario de Soto del Real, donde pasarán la noche. En su auto, el juez Eloy Velasco atribuye los siguientes hechos a los cinco sospechosos que han sido enviados este jueves a prisión sin posibilidad de fianza:

  • Marcos Martínez utilizaba a la red para perpetuarse en el PP

El presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, habría aceptado comisiones a cambio de contratos públicos con empresas de la red tejida por Francisco Granados y David Marjaliza. Según expone el juez en su auto, Según el auto, Marcos Martínez habría puesto en marcha procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro "a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León". Además, dice el auto, Martínez "tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude".

  • De Pedro gestionó el perfil digital de "altos cargos" en Madrid

En el caso del conseguidor Alejandro de Pedro, entre otras operaciones, sería el encargado de gestionar el perfil digital de "altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid" en las redes sociales. Un contrato obtenido de forma fraudulenta, pagado con facturas falsas, para lo que habría contado con la colaboración del jefe de la agencia de informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás.

  • Boza "favoreció de forma continuada" a Marjaliza en Valdemoro

José Carlos Boza, alcalde de Valdemoro: "Durante su mandato existen indicios de que se han favorecido de manera continuada a empresas vinculadas al conseguidor David Marjaliza y otros empresarios en materia de contratación pública y promoción urbanística, mediante adjudicaciones irregulares, revelación de información, y otras conductas que han subordinado el interés público y la objetividad e imparcialidad de la administración a los intereses particulares de ciertos empresarios, incurriendo presuntamente en los delitos de tráfico de influencias, organización criminal, cohecho, malversación, revelación de secretos, falsificación documental y fraude".

  • Ramírez entregaba a políticos el dinero de los sobornos de Marjaliza

Ana María Ramírez, administradora de Marjaliza: "Constituye la mano derecha de este y es la persona que se hace cargo de la gestión diaria de sus empresas. Parte imprescindible de la articulación de su complejo entramado empresarial para la comisión de las actividades delictivas de Marjaliza y la ocultación de los beneficios de su actividad. Asimismo, existen indicios de su participación directa en la entrega de cantidades económicas a autoridades y funcionarios públicos o en la trama de facturas falsas que se emplean para la generación de efectivo para el pago de cohechos, incurriendo presuntamente en delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho, malversación y falsedad documental".

  • Pedro García "principal articulador de la red de cohechos e influencias" de Cofely

Pedro García Pérez: "Director de mercado público de la empresa Cofely España, es el principal interlocutor y articulador de la red de tráfico de influencias y de pago de cohechos de la que se sirve la empresa para lograr adjudicación de contratos públicos millonarios en diversas administraciones públicas, incurriendo presuntamente en los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, falsificación de documentos, utilización de información confidencial, malversación y fraude".

Este viernes está previsto que declaren ante el juez Eloy Velasco los dos presuntos líderes del supuesto entramado corrupto: el exconsejero Francisco Granados, y el empresario David Marjaliza

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