Jueves, 20 de Enero de 2022

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RODRIGO RATO

La Fiscalía sostiene que la mayor parte del patrimonio empresarial de Rato está en Gibraltar

El juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, ha levantado el secreto de las actuaciones sobre el denominado "caso Rato" salvo en la pieza separada que contiene la información intervenida en los registros de su domicilio y su despacho profesional

Rodrigo Rato, en una fotografía de archivo.

Rodrigo Rato, en una fotografía de archivo.

La SER ha tenido acceso al contenido de la primera y única denuncia de la Fiscalía presentada ante el juzgado de guardia el pasado 16 de abril. En ella el fiscal describe cómo Rato utilizó a su familia para ocultar su dinero o cómo evitó pagar a Hacienda cerca de dos millones y medio de euros.

Rodrigo Rato utilizo varias estrategias mercantiles para ocultar su dinero, y para ello se sirvió de sus tres hijos a quienes dono la totalidad de sus empresas, y luego volvió a comprarlas a través de otras sociedades radicadas en Gibraltar, con lo que evitó pagar impuestos a Hacienda, cuando menos, por valor de 2.424.054 euros. Rato hizo titular de la mayoría de su dinero a una mercantil opaca a las autoridades tributarias españolas que se encuentra en Gibraltar. La denuncia del fiscal de delitos económicos se presenta contra Rodrigo Rato y contra su socio Domingo Plazas Ruiz.

Donación a sus tres hijos

La Fiscalía dice que Rato con el “fin de sustraer sus bienes al destino al que se encuentran afectos” (pago a Hacienda) llevo a cabo una serie de actos para evitarlos. En primer lugar en el año 2013, donó a sus tres hijos, participaciones de varias de sus empresas por importe de 2.594.365 euros (en lotes proporcionales de 864,782 euros para Ángeles, Rodrigo, Ana) de las empresas Aurosur SL , Gestión SL, Exp.Carabaña SL y Rafi SL. Con ello consiguió la transmisión de la práctica totalidad de su entramado social en España.

Según el relato del fiscal, volvió a adquirir mediante ampliaciones de capital las participaciones de sus hijos y utilizó para ello una sociedad que controlaba Kradonara 2001 SL, que para las autoridades tributarias españolas tiene la consideración de opaca, ya que su único socio es una mercantil de Gibraltar, VivaWay Limited.

Hasta llegar a Gibraltar

La Fiscalía explica además que Rato, en junio de 2014, volvió a vender la participaciones que había comprado a otra empresa Vivaway que es también suya, aunque utiliza al fiduciario Findsbury Holdings Limited de Gran Bretaña para ocultar su verdadera titularidad.

El informe del fiscal relata que la práctica totalidad del patrimonio, hasta ahora conocido, de Rodrigo Rato es propiedad de la sociedad gibraltareña Vivaway Limited que se encuentra fuera de territorio nacional, es decir, fuera del control de la hacienda pública.

Trasferencias de divisas

Además de estos cambios de titularidad para ocultar presuntamente su dinero, el fiscal sostiene que Rato recibió en los años 2.012 y 2.013 importantes transferencias de dinero provenientes del extranjero (Suiza, Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda, Estados Unidos y Dominica), que no fueron incluidas en las correspondientes declaraciones de su IRPF, con el propósito dice el escrito, de eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Asesoramiento sospechoso

La Fiscalía sospecha además del dinero que Rato recibió en 2013 por el asesoramiento prestado a Telefónica a través de la entidad Kradonara por un total de 307.627 euros. Estos servicios de asesoramiento fueron realmente prestados por Rato y deben ser considerados como renta.

Otros delitos fiscales

La denuncia del fiscal calcula que en 2012, Rato dejo de ingresar por importe de 672.000 euros y en 2013, 756.984 euros.

La Fiscalía atribuye también a Rato otros delitos fiscales cometidos presuntamente a través de la mercantil Kradonara. En 2011, 445.000 euros; en 2012, 350.000 euros y en 2013, 44.000 euros.

Según las conclusiones del fiscal, Rato y su socio Domingo Plazas cometieron cinco delito contra la Hacienda Pública, un delito de insolvencia punible (o alzamiento de bienes) y un delito de blanqueo de capitales.

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