La Guardia Civil adjudica contratos a una empresa a la que investiga por corrupción

Madrid

La Guardia Civil comunicaba el 10 de julio de 2014 la ejecución de la Operación Angora. Por orden del juzgado número cinco de la Audiencia Nacional, detenía a varios responsables de la empresa pública comercializadora de armamento Defex y al consejero delegado de Comercial Cueto 92, sociedad privada que en UTE con la empresa dependiente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), supuestamente estafó 100 millones de euros de un contrato de equipo antidisturbios y armas para Angola.

El 22 de octubre de ese mismo año, más de tres meses después del estallido de la operación, la Dirección General de la Guardia Civil —el mismo cuerpo de seguridad del Estado que investiga el caso Defex—, adjudicaba contratos por 1,5 millones de euros a Comercial Cueto 92 —por entonces ya imputada por el juez Pablo Ruz— para el suministro de repuestos y componentes de varias marcas de vehículos para la Benemérita.

El líder de Cueto, uno de los "cerebros" de la "organización criminal"

El exconsejero delegado de Comercial Cueto 92 pero todavía director general de esta compañía según el registro mercantil, Juan Carlos Cueto, que ha recibido estos contratos, está considerado por los investigadores como uno de los cerebros del supuesto fraude en la adjudicación de Angola.

Fue detenido y tuvo que pagar la fianza más alta de todos los sospechosos, un total de 100.000 euros, para abandonar la prisión, y continúa imputado por corrupción en las transacciones comerciales internacionales, fraude fiscal, cohecho, blanqueo de capitales, organización y grupo criminal, y falsedad documental. También su empresa y la pública Defex están imputadas desde el pasado mes de septiembre como personas jurídicas.

No en vano, según los correos electrónicos a los que ha tenido acceso la SER, Juan Carlos Cueto estaba al corriente del complejo entramado societario en paraísos fiscales donde escondían las ganancias. También estaba en contacto permanente con la sobrina del espía Francisco Paesa, a la que ordenaba dónde transferir las comisiones millonarias supuestamente fraudulentas. Entre ellas, los tres millones de euros traspasados al 'Kin' (sic) de la trama, el particular 'mister X' del caso Defex, cuya identidad se han negado a desvelar los sospechosos.

La Guardia Civil defiende la "escrupulosa" legalidad de la adjudicación

La Dirección General de la Guardia Civil admite los hechos en su respuesta a la Cadena SER, pero subraya que la contratación se ha realizado siguiendo de forma escrupulosa la ley, y apunta a que ninguna situación prohíbe a Comercial Cueto contratar con la administración pública.

No obstante, fuentes jurídicas de la Audiencia Nacional recalcan que adjudicar contratos a una sociedad imputada por corrupción por parte del mismo cuerpo de seguridad que la investiga, puede ser legal, pero como mínimo "es moralmente cuestionable".

Censuran el "retraso" en las investigaciones de la Guardia Civil

Las mismas fuentes recuerdan también que en comparación con otros procedimientos, la investigación de la Guardia Civil en el caso Defex no está siendo todo lo rápida que requiere la causa. Por poner un ejemplo, inciden en que la Unidad Central Operativa de la Benemérita "ha tardado más de 10 meses" en remitir al juzgado el informe sobre las entradas y registros practicados en julio pasado, y que era necesario para las pesquisas. Un "retraso" que desde este cuerpo de seguridad del Estado explican a la SER por el "gran volumen de trabajo".

El caso Defex es considerado por otras fuentes jurídicas como un "gran caso de corrupción" en la venta de armamentos que "actuaba desde el sector público en el ámbito de la comisión" con la "garantía del Estado".

Subrayan que no solo está en cuestión Angola, sino contratos con varios países más durante, "al menos", los últimos 12 años, y censuran que la Abogacía del Estado intentara exculpar a Defex en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Finalmente, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado su imputación.