La independencia dejaría a Cataluña fuera de la UE, del euro y de Schengen

Madrid

Más allá del voluntarismo político de los impulsores del proceso soberanista en Cataluña, la ley es muy clara al respecto. Una declaración unilateral de independencia sacaría inmediatamente a este territorio de la Unión Europea, privaría a los catalanes de los derechos que disfrutan como ciudadanos europeos, excluiría a esta comunidad autónoma del sistema monetario del euro y supondría la vuelta a las fronteras y a los visados porque los catalanes dejarían de disfrutar de la libertad de movimiento en un espacio de seguridad jurídica mutua que garantiza el Tratado de Schengen.

Son así de rotundas, sin margen para la duda, las conclusiones de un informe jurídico que la Fundación Alternativas ha encargado a tres reputados juristas: Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional; Francisco Aldecoa, Catedrático de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales; y Gregorio Cámara, Catedrático de Derecho Constitucional.

Los autores del informe dejan clara desde las primeras páginas su convicción de que la pertenencia de una Cataluña hipotéticamente independiente a la Unión Europea es una cuestión clave en las próximas elecciones del 27 de septiembre, porque “este tema puede condicionar la decisión de muchos de los electores llamados a las urnas”.

El informe, por su carácter jurídico, se basa exclusivamente en las leyes españolas –la Constitución, en primer lugar– y en los tratados que han construido a lo largo de los años la arquitectura jurídica e institucional de la Unión Europea.

Se detiene poco en discutir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una declaración unilateral de independencia: los tres juristas tienen claro que ese movimiento chocaría frontalmente con los artículos 1 y 2 de la Constitución Española, que establecen que “la soberanía nacional reside en el pueblo español” y que “la Constitución se fundamente en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.

Es la otra dimensión del problema, si la independencia de Cataluña contravendría o no el derecho de la Unión, la que según los autores del informe no ha sido abordada con la suficiente profundidad.

Ya en el Tratado de la Unión Europea, señalan, queda proclamada con toda solemnidad “la integridad territorial de un Estado miembro de la Unión” en su artículo 4.2. Pero es que además, señalan, ese tratado deja claro que la UE está constituida no solo por Estados, sino también por ciudadanos, a los que garantiza sus Derechos fundamentales a través de la Carta que forma parte del Tratado de Lisboa. Es decir, concluyen, “si Cataluña se independiza de España sus ciudadanos se separan de la Unión”.

Dado que los tratados europeos dejan claro que la incorporación de Cataluña a la UE dependería de la unanimidad de los Estados miembros, el informe asegura que “los argumentos del Consejo Asesor de Transición Nacional”, el organismo que realizó por encargo de la Generalitat de Catalunya un informe jurídico sobre el proceso de independencia, “terminan por convertirse en un salto al vacío político, sin un consistente soporte jurídico”.

La salida de Cataluña de España supondría además su salida del Eurosistema, del Banco Central Europeo y del euro. “Nada impide a un país no miembro de la UE utilizar el euro”, dice el informe, “pero eso no significa estar en la eurozona ni en el sistema del euro, porque no podría participar en las decisiones del Banco Central Europeo, ni su economía beneficiarse del BCE, ni emitir moneda”.

Junto a todas esas consecuencias está otra de gran calado. Una Cataluña independiente dejaría de tener acceso preferente a la financiación del Banco Europeo de Inversiones.

Finalmente, el informe advierte de lo que supondría una gran pérdida para Cataluña: su pertenencia al espacio Schengen, que garantiza los movimientos de personas libres de controles policiales, sin visados, fronteras ni controles.

“Cuesta trabajo imaginar un escenario”, concluyen los tres catedráticos, “en el que los ciudadanos catalanes puedan renunciar a tales derechos, adquiridos en el seno de España y de la Unión Europea, para después tener que solicitarlos y negociarlos durante años desde un Estado diferente. Pero ese sería el resultado si Cataluña deviniera Estado independiente a través de la hoja de ruta a la que apelan los dirigentes institucionales y políticos sostenedores del proceso soberanista”.