Desaparece el término imputado

Madrid

Los límites en la instrucción judicial tendrán un máximo de tiempo de 6 meses para las causas sencillas y 18 meses para las complejas. Las causas ya iniciadas como el caso Púnica, Bankia o Gürtel pondrán el contador a cero desde que entré en vigor la ley en Diciembre.

El término imputado se sustituye por investigado en la fase de instrucción, que pasará a denominarse 'encausado' tras el auto formal de acusación.

Para evitar la denominada pena de telediario, las fuerzas de seguridad podrán adoptar las "medidas necesarias" para a preservar el derecho a la imagen, el honor y la intimidad de los investigados detenidos.

Los jueces deberán justificar en un auto la detención incomunicada de los detenidos quienes serán sometidos a dos revisiones médicas cada veinticuatro horas para comprobar su estado psíquico y físico.

En las escuchas telefónicas y mensajes a través de dispositivos móviles se regula por primera vez el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas siempre con permiso del juez como los SMS y el correo electrónico.

La ley introduce la figura del agente encubierto en Internet que podrá investigar en la red mediante el uso de una identidad falsa.

Se amplía la figura del decomiso para poder actuar contra todo el patrimonio de un penado, es decir, para recoger todos los bienes del condenado con el fin de recuperar el dinero defraudado como consecuencia de los delitos.

Se instaura una nueva instancia penal por la que los tribunales superiores de Justicia revisarán en apelación las sentencias dictadas por las audiencias provinciales. Para la Audiencia Nacional se crea una sala de apelación que revisará en lugar del Supremo los recursos de apelación a las decisiones de las secciones de penal.

Las causas muy voluminosas que se generan por los macro procesos podrán ser divididas en piezas abiertas una por cada delito.

Reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial

Este jueves entra en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El texto eleva de cinco a siete los vocales asignados a la Comisión Permanente del CGPJ, elimina la obligatoriedad de que una mujer presida la Comisión de Igualdad y obliga a todos los miembros del Consejo a presentar una declaración de bienes y al control de sus activos financieros.

Asimismo, suprime las categorías de jueces y fiscales eméritos en el Supremo y en todos los órganos colegiados en 2017, aunque los magistrados podrán prolongar voluntariamente su jubilación forzosa de los 70 a los 72 años.