Hacienda detecta fraude en Defex pero no lo investiga
La Agencia Tributaria cuantifica en seis millones de euros el supuesto fraude fiscal de la empresa pública por el contrato bajo sospecha de armas para Angola, pero no abre una inspección pese a que la justicia investiga varios más con Camerún y Arabia Saudí
Un soldado angoleño, en una imagen de archivo / EFE
Madrid
La Agencia Tributaria ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en el que cifra en un total de seis millones de euros el posible fraude fiscal de la empresa comercializadora de armas Defex, que depende de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por desviar a paraísos fiscales 41,4 millones de euros de los 152 del contrato con Angola.
En concreto, Hacienda concluye en su informe que Defex incurrió en un delito fiscal de 3,3 millones de euros por el impuesto de sociedades de 2008, año de la firma del contrato, y de 2.7 millones más en el ejercicio 2009. Ambos fraudes compartidos con Comercial Cueto, la empresa privada con la que se asoció para el contrato angoleño.
Hacienda cifra este fraude en contra de su voluntad, porque el departamento que depende del ministro Montoro recalca en su escrito que Defex no tiene que tributar sus cuentas por separado, sino de forma consolidada con el resto de empresas que constituyen la SEPI, y en ese caso, al repartirse la cuantía entre las distintas sociedades, no existiría delito fiscal.
La Agencia Tributaria solo accede a cuantificar el fraude porque el juez De la Mata, con el respaldo de Anticorrupción, le ha indicado que contemple el supuesto de una declaración individualizada. No es la primera vez que este juzgado se topa con las reticencias de la Agencia Tributaria para analizar un supuesto. El predecesor de José de la Mata, Pablo Ruz, tuvo que insistir para que Hacienda evaluase cuánto habría defraudado el PP por las donaciones ilegales contempladas en los papeles de Bárcenas.
Fuentes de la investigación consultadas por la SER han censurado que la Agencia Tributaria no haya abierto una inspección a Defex a pesar del fraude de seis millones en un único contrato con Angola. Recalcan que hay varios más bajo sospecha, como los que se están analizando en la pieza separada secreta que investiga los firmados con Camerún y Arabia Saudí, sin descartar más países involucrados.
Las fuentes consultadas insisten en que la empresa pública comercializadora de armas Defex era “un nido de corrupción sin control con la garantía del Estado” que actuaba “en el ámbito de la comisión”, al menos durante el último decenio.
En el caso del contrato con Angola, que destapó el escándalo, la pública Defex, en colaboración con Comercial Cueto, aprobó vender armas por 152,9 millones, pero al país africano solo le llegaron equipamientos valorados en poco más de 50. Los más de 100 millones restantes se los repartieron, supuestamente, entre funcionarios angoleños y los jefes de la trama en España.
Con el resto de contratos, sobre todo con los países que no han firmado el convenio con la OCDE sobre la corrupción en transacción internacional, los investigadores sospechan que el funcionamiento ha sido similar. Además, Defex gozaba de una imagen excelente en el exterior, al actuar bajo el paraguas del Estado español, y los investigadores creen que aprovechó esta circunstancia para ejecutar sus planes corruptos.
Los principales sospechosos son el presidente de Defex hasta junio de 2012, José Ignacio Encinas Charro, y el coronel de infantería de marina, ya retirado, Ángel María Larumbe. También la sobrina del espía Francisco Paesa, Beatriz García Paesa, y Juan Carlos Cueto, gerente de la privada Comercial Cueto, que concurrió en UTE con Defex para el contrato con Angola.
El entramado societario y financiero internacional para evadir y ocultar el dinero supuestamente malversado era “extraordinariamente complejo”, recalcan los investigadores. La sobrina de Paesa remitía parte del dinero desde Luxemburgo a una empresa con sede en Hong Kong, que a su vez repartía las comisiones a Singapur, que no colabora con la justicia española, y también a Suiza, donde el dinero ingresaba en cuentas de las empresas Cofinor y Beulac. Estas emitían supuestas facturas falsas entre ellas para dar apariencia de legalidad a las transacciones, y finalmente, el dinero se repartía entre los responsables.
La investigación ha detectado cobros del coronel Larumbe por 323.000 euros en Suiza, y también 380.000 en una caja de seguridad de Encinas Charro. Pero la mayor parte se ingresaba en Singapur, donde se pierde el rastro del dinero en las empresas Bergamote, Foolham, GTF Services y Gypsey Investment.
El caso Defex tiene diversas lagunas todavía. No ha sido identificado el particular ‘mister X’ de la trama, a quien los imputados llamaban “El Kin” (sic) o rey de la organización, que solo por la adjudicación de Angola cobró una comisión de tres millones de euros.
Los responsables continúan imputados por delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. También las empresas Defex y Comercial Cueto están imputadas como personas jurídicas.
