Lunes, 29 de Noviembre de 2021

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CASO 3 POR CIENTO

La Fiscalía busca en Andorra cuentas de los implicados en el fraude del 3%

En este fraude se investiga el pago de comisiones a la fundación CatDem -vinculada a Convergència Democrètica de Catalunya (CDC)- a cambio de adjudicaciones de obras públicas

Imagen de los registros en la sede de Convergència el pasado 28 de agosto

Imagen de los registros en la sede de Convergència el pasado 28 de agosto / Alberto Estévez (EFE)

El juez de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch, ha enviado una comisión rogatoria -solicitada por la Fiscalía Anticorrupción- a las autoridades bancarias de Andorra para que informen de las cuentas o depósitos abiertas o cerradas en ese país de una quincena de imputados en el denominado fraude del 3%.

Entre las personas de quien se solicita informes bancarios, figuran Andreu Viloca, tesorero de CDC , Josep Antoni Rosell, número dos de la empresa pública Infraestructuras de Cataluña, Xavier Tauler,  ex consejero delegado de Copisa, o el empresario Jordi Sumarroca.

Los fiscales Anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda solicitaron la práctica de esta comisión rogatoria para esclarecer si los imputados han utilizado los bancos de Andorra para ocultar o mover el dinero presuntamente conseguido por el pago de comisiones.

El listado de personas sobre las que se solicita “información bancaria de cualquier tipo o en cualquier soporte” son, entre otros, los 11 detenidos en la operación ‘Petrum III’: Jordi Soler, dueño del Grupo Soler, que donó 590.000 euros a las fundaciones de CDC; Sergio Lerma, directivo de otra constructora registrada, Oproler; Jordi Duran, directivo de Urbaser, filial de ACS. Investigado por una concesión de 20 millones de euros en Olot; Juan Luis Romero, administrador de Rogasa; Antonio García Bragado, socio de Tec Cuatro, que donó 50.000 euros a CatDem; Josep Bassols, directivo de la constructora Enseñat i Roca, que se unió a la empresa también registrada Oproler para realizar obras públicas.

Por guardar papeles

El empresario Jordi Sumarroca guardaba un papel con anotaciones sobre el 3% en su caja fuerte cuando ya sabía que era objeto de una investigación por presuntos pagos ilegales. El tesorero de Convergència, Andreu Viloca, pasó documentos por la trituradora, pero fueron reconstruidos y llevó a los investigadores al registro de Convergència y la detención de 12 personas, incluidos el propio Viloca, y el número dos de Infraestructuras de la obra pública en Cataluña, Josep Antoni Rosell.

El juez ha examinado adjudicaciones de ayuntamientos convergentes a firmas donantes a la fundación CatDem, ligada a CDC. Ahora también se investiga obras que la Generalitat otorgó a constructoras catalanas durante los Gobiernos de Artur Mas (2010-2015).

La Fiscalía Anticorrupción atribuye al tesorero de Convergència al menos seis delitos: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos públicos y blanqueo de capitales.

Más del 3 por ciento

La documentación en manos de los investigadores revela, según publicó la SER, las comisiones pagadas por los constructores alcanzan hasta el 7%. Las sociedades implicadas son Rogasa, dirigida por Joan Luis Romero Gamero; Tec Cuatro, de Antonio Garcia Bragado; la empresa Urbaser, cuyo directivo es Jordi Durán; la empresa Constraula, del grupo Teyco, propiedad de la familia Sumarroca; la constructora Copisa,  el grupo Soler, de Jordi Soler; y el grupo Oproler, cuyo directivo es Sergi Lerma Verde.

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