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Domingo, 23 de Febrero de 2020

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Detenido el tesorero de Convergència por presunto cobro de comisiones a través de la fundación del partido

En la operación ya hay once detenidos, de lo que siete son empresarios y el resto cargos y excargos de la Generalitat. Se les investiga por el cobro y pago de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. La Fiscalía pedirá prisión, al menos, para el tesorero de Convergència

Fotografía de los registros en cuatro ayuntamientos y una fundación vinculada a Convergència el pasado 28 de agosto /

La Guardia Civil ha detenido al tesorero de Convergència, Andreu Viloca, al director de Obra Pública de la Generalitat de Cataluña, Josep Antoni Rosel. Además hay siete empresarios detenidos, la secretaria de Viloca y el exsecretario de Convergencia que ahora es director del patronato de la Fundación Catdem, Carlos del Pozo.

La Fiscalía Anticorrupción les atribuye el pago de comisiones al partido a través de la Fundación Catdem. Según los investigadores esta fundación es una de las presuntas vías que tienen algunos empresarios catalanes para hacer llegar las comisiones al partido a cambio de adjudicaciones públicas.

A todos los detenidos se les acusa de prevaricación, cohecho y financiación ilegal.  Hay una veintena de órdenes de entrada y registro en las empresas .La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción tienen en su poder facturas que acreditan pagos de estos empresarios a la Fundación Catdem por valor de 200.000 euros. Entre esas empresas están Copisa, Rogasa, Soler, Tec4 y Urbaser. Esta última ha sido una de las mayores donantes a las fundaciones de Convergència en los últimos años. Por parte de la agencia Copisa está detenido el consejero delegado de la constructora, Xavier Tauler, y en la sociedad Rogasa, el detenido es su administrador, Juan Luis Romero Gamero.  Algunos de estos empresarios aparecen también por el pago de mordidas en el caso Palau.

Andreu Viloca es también el administrador de Catdem. Sustituye en el cargo a Daniel Osacar, que afronta una petición de siete años de cárcel por el caso Palau.

Detenido el tesorero de Convergència por presunto cobro de comisiones a través de la fundación del partido

Esta operación es la continuación de la que Anticorrupción y Guardia Civil hicieron a finales de agosto cuando se registró la sede de Convergència. Se requisó mucha documentación dentro de la investigación que trata de averiguar cuantas constructoras, entre ellas Teyco propiedad de la familia Sumarroca, pagaron comisiones al partido de Mas.

Parte de estas comisiones coinciden en el tiempo con adjudicaciones de contratas y muchas de ellas son superiores al 3%. Los investigadores creen tener pruebas de que el partido de Artur Mas ha obtenido durante años financiación ilegal de empresarios afines al partido, que a cambio eran beneficiados con contratas de la Generalitat. La Guardia Civil tiene constancia de que algunas mordidas se entregaron antes de que las obras fueran adjudicadas.

Las dos operaciones, la de hoy y la que se hizo el pasado agosto, están relacionadas con la que se desarrolló en junio del 2014 cuando la Guardia Civil detuvo por primera vez al que entonces era alcalde de CDC, Daniel Masagué, a seis ediles del equipo de gobierno y a un empresario local, Blas Niubó. Según las pesquisas formaban una trama corrupta integrada por ediles, trabajadores municipales y empresarios.

Hay constancia policial de que filiales de la constructora Teyco de la familia Sumarroca abonaron a dos empresas del exalcalde más de 581.000 euros por trabajos inexistentes. Además, Convergència contrató presuntamente a una asesoría externa para otorgar adjudicaciones a dedo a empresarios cercanos.

El regidor ya ha sido detenido dos veces por haber recibido presuntamente casi un millón y medio de euros por parte de sociedades de la familia Sumarroca. Se le han imputado delitos de blanqueo de capitales, contra la Administración Pública, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

Este no es el primer caso en el que se ve envuelto Convergència por supuestos contratos amañados con constructoras. En el caso Palau, miembros de esta formación política están acusados de recibir más de 6 millones de euros por parte de Ferrovial por la adjudicación de grandes proyectos.

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