La Fiscalía busca en Andorra cuentas de los implicados en el fraude del 3%

Madrid

El juez de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch, ha enviado una comisión rogatoria -solicitada por la Fiscalía Anticorrupción- a las autoridades bancarias de Andorra para que informen de las cuentas o depósitos abiertas o cerradas en ese país de una quincena de imputados en el denominado fraude del 3%.

Entre las personas de quien se solicita informes bancarios, figuran Andreu Viloca, tesorero de CDC , Josep Antoni Rosell, número dos de la empresa pública Infraestructuras de Cataluña, Xavier Tauler,  ex consejero delegado de Copisa, o el empresario Jordi Sumarroca.

Los fiscales Anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda solicitaron la práctica de esta comisión rogatoria para esclarecer si los imputados han utilizado los bancos de Andorra para ocultar o mover el dinero presuntamente conseguido por el pago de comisiones.

El listado de personas sobre las que se solicita “información bancaria de cualquier tipo o en cualquier soporte” son, entre otros, los 11 detenidos en la operación ‘Petrum III’: Jordi Soler, dueño del Grupo Soler, que donó 590.000 euros a las fundaciones de CDC; Sergio Lerma, directivo de otra constructora registrada, Oproler; Jordi Duran, directivo de Urbaser, filial de ACS. Investigado por una concesión de 20 millones de euros en Olot; Juan Luis Romero, administrador de Rogasa; Antonio García Bragado, socio de Tec Cuatro, que donó 50.000 euros a CatDem; Josep Bassols, directivo de la constructora Enseñat i Roca, que se unió a la empresa también registrada Oproler para realizar obras públicas.

Por guardar papeles

El empresario Jordi Sumarroca guardaba un papel con anotaciones sobre el 3% en su caja fuerte cuando ya sabía que era objeto de una investigación por presuntos pagos ilegales. El tesorero de Convergència, Andreu Viloca, pasó documentos por la trituradora, pero fueron reconstruidos y llevó a los investigadores al registro de Convergència y la detención de 12 personas, incluidos el propio Viloca, y el número dos de Infraestructuras de la obra pública en Cataluña, Josep Antoni Rosell.

El juez ha examinado adjudicaciones de ayuntamientos convergentes a firmas donantes a la fundación CatDem, ligada a CDC. Ahora también se investiga obras que la Generalitat otorgó a constructoras catalanas durante los Gobiernos de Artur Mas (2010-2015).

La Fiscalía Anticorrupción atribuye al tesorero de Convergència al menos seis delitos: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos públicos y blanqueo de capitales.

Más del 3 por ciento

La documentación en manos de los investigadores revela, según publicó la SER, las comisiones pagadas por los constructores alcanzan hasta el 7%. Las sociedades implicadas son Rogasa, dirigida por Joan Luis Romero Gamero; Tec Cuatro, de Antonio Garcia Bragado; la empresa Urbaser, cuyo directivo es Jordi Durán; la empresa Constraula, del grupo Teyco, propiedad de la familia Sumarroca; la constructora Copisa,  el grupo Soler, de Jordi Soler; y el grupo Oproler, cuyo directivo es Sergi Lerma Verde.