Desarticulan el Mossack-Fonseca español
La Policía registra varias sedes del despacho de abogados Nummaria de Madrid, que diseñaba estructuras opacas internacionales para sus clientes y detiene a cuatro personas por un fraude fiscal de al menos 15 millones de euros y blanqueo
Madrid
La Agencia Tributaria y la Policía han registrado varias sedes de un despacho de abogado de Madrid, que según las investigaciones, diseñaba y comercializaba estructuras opacas internacionales de las que se beneficiaban sus clientes, el propio despacho y sus profesionales. Algo así como el Mossack Fonseca español.
Hay cuatro detenidos que según los investigadores habrían facilitado un fraude fiscal de al menos 15 millones de euros. Se les atribuye delitos de fraude fiscal y blanqueo y se les ha embargado cuentas bancarias e inmuebles. Según la Fiscalía Anticorrupción "habrían diseñado y comercializado para los clientes estructuras societarias opacas al fisco para defraudar a Hacienda".
La UDEF tiene ahora que investigar los últimas operaciones financieras que los cuatro detenidos han realizado en los últimos cinco años. Según los investigadores no forman en principio ningún despacho de abogados como tal, los 4 son independientes y habían montado su negocio paralelo para defraudar a Hacienda. Habían creado una empresa societaria que se llama Nummaria y cuyo nombre no aparece en el edificio en el que tenían el centro de operaciones en Madrid.
La UDEF ha pedido al juez que prolongue el tiempo de los registros ante la cantidad de información que se ha requisado ya a lo largo de esta mañana y ante la previsión de toda la documentación que se pueda ir encontrando en los dos despachos que se han registrado en Madrid.
Según fuentes de la investigación,la previsión policial es tomarles declaración y dejarles en libertad a la espera de que reciban la citación judicial en los proxímos días. Entre las claves inmediatas de esta investigación está saber que empresarios contrataron a los detenidos y cuántos de ellos fueron españoles.
La querella fue presentada por la Oficina Nacional del Fraude después de meses de investigaciones, y la operación, que permanece bajo secreto de sumario, ha sido llevada a cabo por el juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.
