La Guardia Civil investiga el desvío de fondos de UPA Extremadura a la caja nacional del sindicato agrario
La Guardia Civil destapa una trama de financiación ilegal del Sindicato de Pequeños Agricultores UPA UCE-Extremadura de al menos 1,8 millones de euros en tres años.
La organización agraria desviaba fondos a través de subvenciones europeas otorgadas por la Junta para actividades de asesoramiento.
Miembros del sindicato hacían firmar actividades de formación ficticias a los agricultores en un préstamo de ida y vuelta a través de una sociedad instrumental, según la investigación.
MÉRIDA (Extremadura). El secretario general de UPA-UCE en Extremadura, Ignacio Huertas, sale detenido por la Guardia Civil tras concluir el registro de la sede regional de UPA-UCE de Extremadura, en Mérida, de la que se han llevado una veintena de cajas " / Jero Morales (EFE)
Madrid
La operación de la Guardia Civil que ha destapado una trama de desvío de fondos en el seno del sindicato UPA-Extremadura, la Unión de Pequeños Agricultores y Unión de Campesinos, podría acabar afectando a la sede nacional de la organización agraria. La investigación arrancó el pasado febrero, a raíz de la denuncia de un agricultor de una pequeña explotación en Campo Arañuelo, Cáceres, tras detectar una posible trama urdida para desviar los fondos de las subvenciones a través de sus afiliados, en su mayoría pequeños agricultores y campesinos de la región.
La operativa estaba diseñada específicamente para apropiarse de una partida concreta de subvenciones de la Unión Europea destinada al asesoramiento agrario, unos fondos que iban a parar a la caja del sindicato UPA-UCE-Extremadura parar cubrir sus gastos y de otras personas físicas y jurídicas de la organización que todavía están bajo investigación.
El esquema era sencillo y minucioso. La ley que regula la obtención de subvenciones para el asesoramiento agrario obliga a la Junta de Extremadura –organismo encargado de adjudicar y repartir estos fondos- a trabajar con una lista cerrada de empresas y organismos debido a las condiciones específicas de quién puede dar esta formación a los agricultores. Entre ellas está la UPA de Extremadura. Pues bien, los agentes han detectado que más de 1.800 afiliados del sindicato habrían solicitado estas subvenciones desde el año 2013 al 2015 de manera fraudulenta. Es decir, tras la solicitud, presentaban la documentación correspondiente para recibir el 80% del importe total del asesoramiento (el otro 20% lo pone el agricultor), una formación que nunca recibían, según la instrucción judicial.
Fondos de 'ida y vuelta'
El circuito del dinero necesario para pagar los informes agrarios de formación iba del sindicato a los agricultores que solicitaban las ayudas y éstos devolvían el ingreso a la empresa instrumental Servicios Integrales Extremeños SL. De ahí, volvía de nuevo al sindicato de dónde había salido, simulando un supuesto asesoramiento que no llegaba a darse o no, al menos, como exigía la subvención. El agricultor, por su parte, no tenía que desembolsar el 20% obligado por ley. Los agentes han detectado 5.500 subvenciones de este fondo solicitadas por 1.800 afiliados de UPA-Extremadura.
El rastreo de la contabilidad ha desvelado un agujero de 1,8 millones de euros, en parte destinado a la financiación ilegal del sindicato y actividades afines, según los agentes. Entre los desvíos, aparecen pagos de nóminas, impuestos, suministros, pago de proveedores etc. Otra parte se ha destinado a empresas para fines supuestamente privados y otra a la caja del sindicato nacional y organizaciones afines, recoge la instrucción policial. En cuanto al desvío hacia la caja federal, los agentes aseguran que han detectado movimientos de esta partida que entienden como fraudulenta desde la cuenta regional a la nacional.
¿Y qué ganaba el agricultor firmando las solicitudes de una subvención de la que no se beneficiaba en muchos casos? Según los investigadores consultados por la Cadena SER, aseguran que se tratan de agricultores y campesinos afiliados a la UPA, de manera que el sindicato es su gestor para todo. La firma de esta solicitud de subvención quedaba oculta entre los muchos otros servicios que el afiliado puede recibir de la organización.
Investigación abierta
En el marco de la operación Tellus los agentes han llevado a cabo siete detenciones, entre ellos, cinco miembros del Comité Ejecutivo Regional de UPA-UCE Extremadura, el secretario regional de UPA-UCE en Extremadura, Ignacio Huertas; el"captador" de afiliados en Tayuela y el administrador único de la sociedad instrumental SIEX S, J.M. Apolo.
Además, se han practicado registros en la sede central del sindicato en Mérida y las delegaciones de Plasencia, Coria y Tayuela, así como el domicilio de SIEX SL.
La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones y nuevas diligencias en los próximos días.
La UPA-Extremadura niega las acusaciones
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Extremadura ha manifestado “tranquilidad y confianza” tras conocer los detalles de la operación puesta en marcha por la Guardia Civil. Fuentes de la organización han asegurado que “no hay caso, ya que no se ha cometido ningún delito”.
UPA ha negado que exista un entramado financiero ilegal para financiarse en base a las ayudas al asesoramiento agrario provenientes de la Unión Europea. En un comunicado, explican que esas ayudas llegaban de Bruselas directamente a los agricultores, los cuales pagaban a la organización por los servicios y trabajos desarrollados para la redacción de los informes del asesoramiento, que realizaban los técnicos que trabajan para la organización.
