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Miércoles, 17 de Julio de 2019

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El jefe de seguridad de la Embajada remitió cuatro informes sobre el riesgo de las instalaciones que fueron desoídos

Los informes, fechados entre el 23 de agosto de 2014 y el 15 de agosto de 2015, cuatro meses antes del atentado talibán que provocó la muerte de dos policías españoles, fueron remitidos “a los responsables diplomáticos” de la embajada para que los comunicaran al Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ministerio no aclara de momento si recibió o no esos informes

Un soldado en un vehículo blindado vigila la zona tras el ataque a la embajada española en Kabul / ()

La fiscal coordinadora contra el terrorismo yihadista en la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, ha presentado un escrito ante el juzgado central de instrucción número 1 que dirige Santiago Pedraz, con el que pretende acotar los hechos de la querella admitida a trámite por el magistrado sobre el atentado de Kabul de 11 de diciembre de 2015. La querella presentada por la viuda del subinspector de la Policía Nacional, Jorge García Tudela, fallecido en el ataque junto al agente Isidro Gabino Sanmartín, se dirigía contra los responsables de la embajada por un delito de homicidio imprudente.

La fiscal quiere que se persiga exclusivamente a la organización que ejecutó los asesinatos por un delito de terrorismo, porque al entender del Ministerio Público, es la única manera de poder enjuiciar los hechos de acuerdo a las limitaciones de la justicia universal. Todo ello sin perjuicio de que durante la instrucción del procedimiento se deriven responsabilidades patrimoniales e incluso penales por la deficiente situación de seguridad de la embajada.

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Los cuatro informes desoídos

En su escrito, la fiscal aporta cuatro informes, fechados el 23 de agosto, 30 de noviembre, 8 de diciembre de 2014, y el 15 de agosto de 2015 –este último cuatro meses antes del atentado-, que fueron elaborados por el jefe de seguridad de la Embajada de España en Kabul y dirigidos a los responsables diplomáticos, para que los comunicasen al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. En los informes se expresan “las deficiencias” de la sede diplomática y las “necesidades mínimas para garantizar unas ciertas condiciones” de seguridad.

El panorama que describen los cuatro informes es desolador. La Embajada se encontraba fuera de la greenzone en la que se ubican la mayoría de sedes diplomáticas con un anillo de seguridad reforzada y tráfico restringido. Aun así, solo disponía de “garitas de balas de paja, ventanas de plástico, y puertas de latón”, que sustituyeron a las de madera gracias a la única inversión ejecutada en 2011 para la mejora del edificio: un total de 5.000 euros que resultó “insuficiente” para todo el edificio, según el agente. En sus informes, el jefe de seguridad pedía que fueran cambiadas las garitas de paja por hormigón y las ventanas entre otros aspectos ante el “riesgo para la vida” de las personas que se encontraban en su interior. No hubo modificaciones ni respuesta oficial al respecto, según fuentes de la investigación.

Además, según el testimonio de otros policías destinados en Kabul que han declarado ya en el procedimiento, el personal diplomático y en concreto el segundo en la Embajada, Oriol Solá, “ponía constantemente en riesgo la seguridad del edificio, permitiendo el trasiego de mercaderes que paseaban por la Embajada, consintiendo la entrada de coches, furgonetas y camiones con joyas, alfombras y otros enseres, sin avisar con tiempo suficiente a los equipos de custodia y seguridad para la identificación de personas y cosas”.

Según los agentes, estos informes fueron desoídos, después de ser remitidos al cuerpo diplomático español en Kabul, y de allí al Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin embargo, el Ministerio no confirma la recepción de estos documentos. La Cadena SER se ha puesto en contacto con Exteriores y con la Oficina de Información Diplomática. Ambos aseguraron ayer que “desconocían” si el Ministerio los había recibido o no. La Oficina de Información Diplomática se comprometió a ofrecer una respuesta en cuanto averiguase el asunto. Una respuesta que a esta hora todavía no ha proporcionado. Cuatro días después del atentado, el entonces ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, aseguró que “desde hace mucho tiempo, las sedes diplomáticas en España tienen todas las medidas de seguridad. No creo que haya que tomar más medidas de seguridad. Se habían tomado todas las que había que tomar”, concluyó.

Alertas y seguimiento al embajador sin respuesta

Los posibles fallos en la seguridad del edificio se unen al aviso de los servicios secretos franceses, avanzado por la SER, de que había riesgo de atentado a alguna embajada la misma mañana de producirse el ataque. Esa advertencia, que el Ministerio ha admitido haber recibido, fue desdeñada con el argumento de que “se recibían muchas similares”. Los compañeros de los agentes asesinados lamentan que no les comunicaran tal aviso, porque a su juicio, podían haber extremado las medidas de seguridad y minimizar, si no impedir el atentado.

Además, tal y como relata la fiscal en su escrito, dos días antes de producirse el ataque, el miércoles 9 de diciembre, el coche del embajador fue seguido por un vehículo desconocido hasta las inmediaciones de la legación española “de forma constante y con el objetivo de comprobar la accesibilidad de los vehículos al recinto y las medidas de control de los mismos”. A pesar de que los agentes advirtieron de esta situación, tampoco fue reforzada la seguridad del inmueble.

El ataque a la embajada española tuvo lugar a las 17:45 horas del 11 de diciembre de 2015. En plena campaña electoral en España. Durante 12 horas, tres terroristas armados con AK-47, abundante munición y granadas de mano dispararon a todo el personal que se encontraron en el edificio. Un total de ocho personas resultaron muertas además de los terroristas. Los dos policías españoles, dos afganos empleados de la Embajada y cuatro policías de aquel país que desempeñaban labores de seguridad.

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Cadena SER

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