Procesados por terrorismo los nueve acusados de la agresión de Alsasua

Madrid

La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha decidido procesar por cinco delitos a los nueve acusados de agredir a dos guardias civiles y dos mujeres en la localidad navarra de Alsasua hace un mes. La magistrada entiende que hay indicios suficientes como para dar por concluida a la investigación y deja la puerta abierta para que las partes - Fiscalía, defensas y acusación popular - soliciten la apertura de juicio contra ellos o el archivo de la causa. 

En su auto de procesamiento, la jueza les atribuye delitos de terrorismo, atentado, lesiones y provocación a la discriminación, y les impone además una fianza de 6.000 euros para hacer frente a una posible multa o indemnización en una hipotética sentencia condenatoria. También les llama a declarar para el próximo 20 de diciembre y confirma las medidas cautelares que pesan sobre ellos. 

La magistrada declara probado que los nueve participaron en la agresión a dos agentes de la guardia civil y sus respectivas parejas en un bar de Alsasua en la madrugada del pasado 15 de diciembre: puñetazos y patadas dentro y fuera del local acompañados por gritos de "Iros de aquí, hijos de puta", basándose en tanto en la denuncia de los agredidos como también en las ruedas de reconocimiento y en las pruebas fotográficas aportadas al proceso. 

Siete encarcelados

La investigación de esta supuesta agresión se ha saldado, por el momento, con siete personas encarceladas sin fianza y otras dos en libertad con medidas cautelares. Recientemente la jueza decidió archivar la causa contra una de las detenidas después de que los agredidos fueran incapaces de asegurar que participó en la pelea durante las ruedas de reconocimiento practicadas en la Audiencia Nacional. 

En su auto, la instructora también destaca que horas más tarde tuvo lugar una manifestación en la localidad para "desmentir la versión oficial de lo sucedido" y pedir la expulsión de la Guardia Civil de Navarra, asegurando que esta campaña busca "provocarles una sensación de continuo miedo e inseguridad, impidiéndoles realizar una vida en condiciones de normalidad". 

En sus declaraciones, los acusados han negado los hechos, afirmando algunos incluso que estaban durmiendo cuando la pelea tuvo lugar y que se enteraron de todo al día siguiente. En su vertiente más grave posible, según la redacción vigente del Código Penal, estos delitos acarrean una condena superior a los 25 años de prisión.