La Generalitat denuncia a la Fiscalía nuevas facturas irregulares en el Hospital Provincial de Castellón por casi 8 millones
Son facturas sin contrato y supuestamente infladas o por trabajos no realizados durante el gobierno del PP en la Generalitat y la Diputación. Piaf, la principal adjudicataria, está acusada en la Gürtel y su presidente ha admitido que financió de forma ilegal al PP en ese procedimiento
La Consejería de Sanidad amplía con este nuevo grupo de facturas la denuncia inicial presentada el pasado mes de junio. Montar un belén costó 90.000 euros. El supuesto fraude en el hospital supera ya los 32 millones de euros
Madrid
La Consejería de Sanidad de la Generalitat valenciana ha ampliado su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto fraude de las facturas irregulares en el Hospital Provincial de Castellón, especializado en oncología, salud mental y oftalmología.
A los más de 25 millones denunciados en junio correspondientes a las empresas Piaf y Telecso entre los años 2006 y 2015, se unen ahora otros 2,6 millones nuevos atribuidos a Piaf en el periodo 2003–2005 y 5,1 millones más en facturas sin contrato del grupo Domo hasta 2015.
La Cadena SER ha tenido acceso a la nueva denuncia y a miles de las facturas pagadas sin que mediara contrato por el centro hospitalario y que han sido presentadas a la Fiscalía. Se trata de documentos genéricos, en los que no consta detalle alguno de los trabajos supuestamente realizados por los que las empresas cobraron hasta 70.000 euros por cada operación.
"Clara transgresión de la ley"
Además de pagarse sin contrato, lo que ya supone una "clara transgresión del procedimiento" legal y "constitutivo de ilícitos penales" para el director de Recursos Humanos de Sanidad, que aconseja denunciar los hechos, se abonaron numerosas facturas con decenas de miles de euros en las que figuraban conceptos tan vagos como "trabajos realizados en diversas zonas del hospital", sin explicitar qué trabajos ni a qué zonas se refería. También era frecuente el abono de facturas mensuales por "mantenimientos preventivos" de exactamente la misma cantidad: 13.333 euros. Tampoco era extraño, a tenor de las facturas, el pago por "suministro de material" sin especificar de qué material se trataba.
La conexión con la Gürtel
La principal empresa beneficiada con esta facturación irregular ha sido Piaf, que entre la denuncia de junio y la actual acumula cerca de 22 millones en cobros supuestamente fraudulentos.
La empresa Piaf está acusada en la Gürtel por financiar de forma ilegal al PP de Valencia a cambio de obtener contrataciones públicas. Y el presidente de esta compañía, Alejandro Pons Dols, ha admitido los hechos en su integridad en el acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía. Ha reconocido, tal y como denunciaron el Ministerio Público y la acusación popular del Partido Socialista Valenciano, que abonó gastos electorales que el Partido Popular de Francisco Camps había contraído con las empresas de la trama. A cambio, el Gobierno autonómico le adjudicaba obras públicas.
Respecto al grupo Domo, la Consejería de Sanidad ha detectado más de 2.500 facturas fuera de contrato y supuestamente infladas o pagadas a este grupo por trabajos no realizados que "transgreden" los procedimientos de "contratación pública y la ley de Hacienda Pública".
<p>Entre las facturas, se encuentran 35 para la "instalación, montaje y restauración" de una representación del nacimiento de Jesús con unas 800 figuras.</p>
Supuesto fraude con Carlos Fabra y Javier Moliner
El consorcio del Hospital Provincial de Castellón está codirigido por la Consejería de Sanidad y la Diputación de Castellón. Gran parte de la supuesta facturación fraudulenta tiene lugar durante el Gobierno de Carlos Fabra en la corporación provincial, pero también hay centenares de facturas supuestamente irregulares con su delfín y sucesor desde 2011 en la presidencia de la Diputación, Javier Moliner.
En el periodo investigado, entre 2003 y 2015, han ocupado la Consejería de Sanidad cinco consejeros del Partido Popular. Tres de ellos se sentarán en el banquillo por la Gürtel: Vicente Rambla por la pieza de la financiación ilegal del PP; y Manuel Cervera y Luis Rosado están acusados de prevaricación por conceder contratos a empresas de la trama. Otro de los consejeros de Sanidad en ese tiempo fue Rafael Blasco, que cumple una condena de cárcel por el caso Cooperación.