Un juez español, 'persona non grata' en Marruecos
Marruecos denegó el domingo la entrada al país a un juez español acreditado como observador internacional en el juicio a los saharauis de Gdeim Izik, que ya había sido expulsado en abril
Rabat
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Martín Morillo, hizo el viaje de ida y vuelta a Marruecos el domingo sin pisar el país. "Al llegar al aeropuerto de Rabat, en el control de pasaportes, me denegaron la entrada en Marruecos", relata a la Cadena SER. El propósito del juez español era ejercer de observador internacional, acreditado por el Consejo Español de la Abogacía, en el juicio a los 24 presos saharauis acusados de la muerte de 11 gendarmes marroquíes durante el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik, en El Aaiún en noviembre de 2010.
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El responsable de la policía al frente de los controladores invitó a Jesús Martín a acompañarle a un despacho en el aeropuerto y al cabo de 20 minutos le notificaron una resolución administrativa prohibiéndole la entrada en el país. Poco después le gestionaron una tarjeta de embarque con un compañía de low cost y le devolvieron a Madrid en el avión de esa misma noche.
El juez desconoce el motivo por el que no tuvo acceso al territorio marroquí ya que no le dieron una copia de la notificación. "Las gestiones que realizó el Cónsul y las protestas que se formularon no dieron ningún resultado", lamenta Martín Morillo.
Precisamente el Cónsul de España en Rabat viajó el domingo por la tarde en el mismo avión que los juristas españoles, y confirma a la SER que "estuvo pendiente desde ese momento pero que no había nada que se pudiera hacer". El juez asturiano es el vicepresidente del Observatorio de Derechos Humanos en Asturias, y ya fue expulsado de Marruecos en el mes de abril de 2016, junto a otros cuatro abogados españoles y dos franceses, "por ser un peligro para la seguridad interior", según las autoridades marroquíes.
Jesús aterrizó a medianoche en Madrid y se vio obligado a buscar un alojamiento por la falta de transportes en horario nocturno para viajar a su comunidad autónoma, el Principado de Asturias. Ya en España, anunció que recurrirá ante los tribunales marroquíes la resolución policial y después formulará una denuncia ante el Comité de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El lunes, también fue devuelta a París la activista francesa Claude Mangin, esposa del considerado líder del campamento de Gdeim Izik, Naama Asfari, preso desde 2010 y con una pena de 30 años de prisión. Aterrizó en Marruecos, junto a los tres abogados franceses de la defensa de los presos, y fue retenida dentro del aeropuerto, donde pasó la noche en espera del siguiente vuelo. Es su tercera expulsión consecutiva.
Primeras declaraciones de los presos saharauis
El lunes se reanudó el proceso, más de 12 horas de juicio con las primeras declaraciones de algunos detenidos. Están presos desde el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik en noviembre de 2010. El juicio se celebró en el Tribunal Militar en 2013, pero el Tribunal de Casación de Rabat lo anuló en 2016 y lo derivó a un Tribunal de 2ª Instancia atendiendo a la reforma constitucional de 2011, que no permite juzgar a civiles en tribunales militares. Aunque el nuevo litigio comenzó en enero, solo se discutió sobre cuestiones de forma.
El primero en declarar el lunes fue Mohamed El Ayoubi, que no pudo asistir a la vista anterior por encontrarse enfermo. Mostró en la sala los hematomas y golpes en su cuerpo, que achacó al "maltrato dentro de la prisión", e incluso confesó al tribunal que fue "torturado y violado". Ateniéndose a lo solicitado por la defensa, citaron a testificar a un Teniente Coronel y a un Capitán del ejército marroquí, responsables de redactar los informes de los presos. Además la defensa rechazó ver un CD sobre los hechos ocurridos en el desmantelamiento del campamento saharaui "porque no fue presentado en el Tribunal Militar".
Los observadores internacionales denuncian que "el tribunal permite que participen las víctimas con testigos y pruebas nuevas" en segunda instancia y "no es lícito". "Al final decidirán que no pueden intervenir, pero después de haber contaminado todo el proceso", se queja a la SER el catedrático de Derecho Internacional Juan Soroeta.
Como en cada sesión, en el exterior del Tribunal se manifestaron dos grupos de personas, los que defienden a las víctimas y los están a favor de los presos. En esta ocasión llamaron la atención más de medio centenar de fotografías del rey Mohamed VI ondeando al viento junto a las habituales banderas de Marruecos. Fuentes saharauis denuncian la desaparición del activista y fotógrafo Mohamed Dadi, que se habría acercado para tomar unas imágenes al grupo que defiende el Sáhara marroquí. "Dos policías vestidos de civiles le pegaron una paliza, y se lo llevaron", denuncian fuentes saharauis. Sigue en paradero desconocido.
Según explicó a la SER, Lorenzo Peñas, el único abogado español en el proceso, que defiende a las familias de las víctimas, "el juicio se desarrollará por los trámites que ya había establecidos. Va a haber una sesión esta semana de marzo, y probablemente la última será en abril".
Sin embargo, según ha podido saber La SER, los Chiuj, o jefes de las tribus saharauis, han salido del Sáhara Occidental el lunes por la tarde hacía una ciudad de Marruecos, probablemente Agadir o Rabat, y podrían solicitar por escrito el indulto real a Mohamed VI para los 24 presos de Gdeim Izik.