Alejandro Luzón, un fiscal resolutivo para una fiscalía compleja
Alejandro Luzón es el nuevo fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, gracias a 8 votos a favor frente a 3 en contra. Tendrá que dirigir casos abiertos como la Operación Lezo, la trama Púnica o algunas derivadas del caso Gürtel
Alejandro Luzón, fiscal jefe Fiscalía Anticorrupción, en una imagen de archivo / EFE
Madrid
Alejandró Luzón será propuesto por el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, como nuevo fiscal anticorrupción tras la reunión de los doce miembros del consejo fiscal. Los seis vocales de la Asociación de Fiscales le han dado su respaldo en bloque junto a los dos miembros natos del consejo, el teniente fiscal y el fiscal inspector. La Unión Progresista de Fiscales (UPF), con tres asientos, han optado por su favorito, el responsable de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, Pedro Crespo.
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Según fuentes del consejo consultadas por la Cadena SER, la reunión ha transcurrido sin las tensiones de otras ocasiones y con cierto consenso generalizado. Uno de los miembros de la Asociación de Fiscales ha llegado a apuntar que ya advertieron en el anterior nombramiento de lo inapropiado de la propuesta de Manuel Moix.
Alejandro Luzón llega a la Fiscalía después de la polémica dimisión del anterior jefe, Manuel Moix, tras descubrirse que tenía una empresa en Panamá. Luzón ha intervenido con éxito en multitud de casos como Roldán, Alierta, Fórum, Afinsa, Bankia o las tarjetas Black. En su proyecto de actuación para la fiscalía, ha destacado que no es partidario de las macrocausas y asegura que "dirigir implica mandar, influir y motivar para lograr la consecución de los fines marcados”.
Luzón, de 53 años, conoce bien la Fiscalía Anticorrupción desde hace 22 años, cuando formó parte de la primera promoción de esta Fiscalía donde consiguió ganarse el prestigio por casos como la investigación contra el exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, a quien mandó 28 años a la cárcel.
Condenas en las Black
Durante su paso por la fiscalía contra la corrupción ha llevado casos de indudable complejidad como el caso Bankia, en donde acusa a 34 personas -entre ellas, Rodrigo Rato, Francisco Verdú, el exvicepresidente José Luis Olivas- y el de las tarjetas Black donde cosechó condenas para los 65 acusados entre políticos, empresarios y sindicalistas por aprovecharse del dinero publico gastado sin control.
Sus conocimientos y experiencia han recalado en su último destino en la Fiscalía Técnica, órgano asesor y de consulta imprescindible para la elaboración de informes penales y proyectos del fiscal General.
Programa de gobierno
El proyecto de trabajo presentado por Luzón, según desveló la Cadena SER, incluye un principio básico para trasmitir la imagen de que "el Ministerio Fiscal no tolera espacio alguno de impunidad" para contribuir a "regenerar la confianza en las instituciones democráticas y en quienes las sirven que buena parte de los ciudadanos parecen haber perdido". Luzón se refiere de forma reiterada a la necesidad de lograr ser eficientes en la tramitación de los procesos sobre corrupción, "reforzando el proceso de control".
Más medios menos filtraciones
Luzón advirtió de la necesidad de más medios para luchar contra esta lacra porque a las investigaciones contra la corrupción se han sumado las que se han abierto contra la criminalidad organizada y las derivadas de las crisis bancarias que colocan a esta fiscalía "en una situación próxima a la saturación con riesgo de caer en la ineficacia". Por ello, Luzón reclama el refuerzo de las unidades de apoyo de la Agencia Tributaria, Policía y Guardia Civil. De hecho, dice, los peritos de Hacienda han presentado en 2016 un 317% más de informes respecto a la cifra de 2006 sin aumentar su plantilla. Además, propone crear nuevas unidades de apoyo "en medio ambiente, vivienda, fomento y urbanismo" pero, especialmente, "en materia contable y financiera tras las recientes crisis bancarias".
Respecto a las filtraciones de datos de los sumarios, Luzón considera "esencial cuidar al máximo la procedencia y oportunidad de las comunicaciones, evitando las eufemísticamente llamadas 'filtraciones' de 'fuentes próximas a la Fiscalía' que facilitan a los medios de comunicación información secreta o reservada o, sencillamente, actuaciones, posiciones o discrepancias en el seno de la Fiscalía que deben quedar fuera del conocimiento público".
