Las nuevas medidas del Gobierno para impedir la financiación del referéndum

Madrid

Los recursos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), asignados y pendientes de desembolso o todavía por asignar, quedan condicionados a que Cataluña remita un certificado semanal (hasta ahora lo hacía mensualmente) en el que asegure que no hay modificaciones presupuestarias, ni gastos que puedan ser destinados a la realización de actividades vinculadas con la convocatoria del referédum del 1 de octubre.

Si la Generalitat incumple el envío de información o si de su contenido se concluye que se ha financiado el proceso, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno podrá tomar medidas "para restablecer la actuación financiera de la comunidad autónoma a la legalidad", incluyendo la suspensión de la financiación. Será así hasta que desaparezca "la situación de riesgo general en Cataluña", según el Ministerio de Hacienda.

No obstante, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha matizado que las partidas esenciales están garantizadas por el Ejecutivo central y que no dejarán que la Generalitat incurra en impago.

Hacienda vigilaba a la Generalitat desde 2015 y el FLA -en marcha desde 2012- se paga una vez que se comprueba la factura de cada gasto. Ahora, el Ministerio de Cristóbal Montoro pondrá la lupa sobre las partidas de todas las consejerías y entidades públicas catalanas y rendirá cuentas con los funcionarios responsables. La orden se dirige a todos los funcionarios de la Generalitat que tomen decisiones del fin del gasto público, entre ellos, los interventores de las consejerías, el director general de Presupuestos o el director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro.

Para este año, a Cataluña le corresponden 3.600 millones de euros con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica. Desde 2012, la Generalitat ha recibido del FLA 63.000 millones. Fuentes de Hacienda precisan que este Fondo va 'contra factura' desde su puesta en marcha, lo que hace es pagar las facturas que presentan las autonomías. Una fuente de financiación que la Generalitat podría perder si no remite la información semanalmente o si Hacienda concluye que se destina dinero público a financiar la convocatoria del referéndum.