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40 años de la ley de Amnistía: ¿perdón o impunidad?

El 15 de octubre de 1977 se promulgó la ley, que para Amnistía Internacional ha sido el principal obstáculo para facilitar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo

La ley buscaba perdonar y pasar página sobre los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976. Amnistía Internacional recuerda que según el derecho internacional, no pueden incluirse en este perdón actos que puedan ser considerados crímenes de derecho internacional, como son la desaparición forzada o la tortura. "En estos 40 años ningún poder, ningún gobierno ha hecho nada por reparar a las víctimas de crímenes de derecho internacional. En todo caso, han obstaculizado su acceso a la justicia y la reparación", según Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. Desde 2013, al menos cinco grupos de Naciones Unidas han recordado a España que las amnistías, indultos y otras medidas similares que impiden que los autores de graves violaciones de los derechos humanos sean llevados antes los tribunales, son incompatibles con sus obligaciones internacionales.

Cien mil desparecidos

España es el segundo país del mundo en número de desaparecidos después de Camboya, con más de 114.000 denuncias de crímenes contra la humanidad cometidos en nuestro país entre 1936 y 1951. Más de 100.000 hombres y mujeres, que en la mayoría de los casos, no han sido ni identificados ni enterrados dignamente por sus familias. Hace diez años bajo el gobierno de Zapatero se aprobó la ley de memoria histórica, que reconocía las víctimas pero no la apertura de fosas comunes. Una ley derogada de facto por el ejecutivo del partido popular que la ha dejado morir sin dotación presupuestaría. Como resultado de esta política, la mayoría de las exhumaciones que se han llevado a cabo han sido posibles gracias al empeño de los familiares que por su cuenta, sin ayudas estatales, han decidido buscar a los suyos.

El caso del abuelo Abundio

Uno de los casos archivados por la justicia en base a la Ley de 1977 es el de Abundio Andaluz Garrido. En julio de 1936 era Vicepresidente de la Diputación de Soria por Izquierda Republicana y director del Orfeón del municipio soriano de El Burgo de Osma. Su zona fue tomada rápidamente por el bando rebelde y el 18 de agosto, un mes después del golpe de Estado un grupo de falangistas acompañados por un cura se lo llevaron y lo asesinaron. Hace 5 años, su nieta Ana, decidió buscar los restos de su abuelo, pero no lo ha tenido fácil. Por la información que dieron los vecinos al alcalde pudieron dar con el sitio donde estaba enterrado, pero en los tribunales perdieron la batalla. Presentaron denuncia pero la Audiencia Provincial de Soria confirmó el sobreseimiento en aplicación de la ley de Amnistía, y la apertura de la fosa ha sido posible gracias a un acuerdo entre la Diputación de Soria y la Asociación Recuerdo y Dignidad. Abundio ya ha sido desenterrado y sólo está pendiente de las pruebas de ADN para que pueda tener un funeral digno.

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