La Asociación de Fiscales exige "una policía judicial decididamente comprometida"

Madrid

La Asociación Mayoritaria de Fiscales (AF), de carácter conservador, ha concluido su Congreso anual con una serie de reivindicaciones entre las que exigen la derogación de la ley que fija un plazo máximo para la investigación de las causas.

Los fiscales comienzan su decálogo de conclusiones con un apoyo cerrado a los jueces y fiscales que están investigando el proceso secesionista en Cataluña sobre el que precisan que necesita "de una Policía Judicial decididamente comprometida con la defensa de la legalidad y de las resoluciones de los tribunales" , en una evidente alusión a los Mossos d'Esquadra.

Conclusiones a las que han llegado

Por una parte, dignidad en el ejercicio de las funciones del Ministerio Fiscal en la Comunidad Autónoma de Cataluña: la AF muestra su apoyo y agradecimiento a los fiscales que ejercen sus funciones en la Comunidad Autónoma de Cataluña, defendiendo el Orden Constitucional frente a los que, con su actuación,atacan frontalmente la Constitución, el Estatuto de Autonomía, el Estado de Derecho y los principio democráticos, así como las más elementales normas de convivencia.

También han mostrado su reconocimiento a la Fiscalía de la Audiencia Nacional por el desempeño de sus funciones con sujeción a criterios estrictamente jurídicos, pese a las presiones políticas existentes. El Ministerio Fiscal precisa, además, para desempeñar las funciones que legalmente tiene establecidas, de una Policía Judicial decididamente comprometida con la defensa de la legalidad y de las resoluciones de los tribunales.

Como Alta Institución del Estado, exige la plena autonomía en el ejercicio de las funciones que tiene asignadas en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico; autonomía que debe extenderse al ámbito presupuestario, exigencia que deviene imprescindible para el correcto funcionamiento del Ministerio Fiscal. 

Dignidad en los medios materiales (instalaciones y condiciones de trabajo adecuadas para todos los Fiscales). También en los medios personales: aumento de la plantilla orgánica de la Carrera Fiscal, acorde con las exigencias del nuevo modelo procesal y las nuevas funciones que legislativamente se atribuyen al Ministerio Fiscal.

La dignidad en las retribuciones: equiparación retributiva en las categorías de la Carrera en las que los Fiscales desempeñan las mismas funciones, como ya reconocen resoluciones judiciales; mejora en la retribución de todos los servicios de guardia.

Y por último, dignidad en la protección ante las enfermedades y los riesgos laborales, así como el pleno desarrollo de la igualdad en todas las facetas del ejercicio profesional. Solicitan un estudio detallado de las cargas de trabajo en cada puesto.

No puede el Fiscal llevar el control de los términos procesales sin los medios adecuados, ni puede configurarse al Fiscal como único garante de los plazos de instrucción. Exigen de nuevo la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en tanto no se confiera al mismo la Investigación Penal.

Desarrollo integral de la justicia digital: las inversiones realizadas sin planificación alguna han resultado ineficaces con la concurrencia de distintas aplicaciones informáticas según el territorio autonómico; ausencia de interconexión entre dichas aplicaciones; inexistencia del llamado “papel cero”.

Exigen la implantación de un sistema informático único para todo el territorio nacional y, en todo caso, exigen una aplicación informática única y dotada de todos los medios técnicos que la hagan eficaz y eviten la ralentización del sistema; asimismo, exigen que durante su desarrollo, se proceda a la urgente interconexión de las distintas aplicaciones actuales, así como la adecuada formación de los Fiscales en el uso de las nuevas tecnologías. La situación actual aboca a las Fiscalías al colapso.

Exigen la aprobación urgente del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y de su correspondiente Reglamento.

Exigen la recuperación de la presencia institucional de nuestra Carrera en el Centro de Estudios Jurídicos y el ejercicio de un efectivo control desde la Fiscalía General del Estado.

Asimismo exigen la mejora inmediata de las condiciones de asistencia a los cursos de formación (hospedaje, manutención y transporte); reintegro inmediato de los gastos que se hayan anticipado, así como el pago de los honorarios devengados por haber participado como profesor, tutor, director o ponente en algún curso.

Denuncian la ausencia absoluta de correlación entre el alto nivel académico de los cursos de formación y las condiciones en los que éstos se desarrollan.

Los Fiscales solicitan la creación de un Gabinete de Prensa acorde con el carácter de Institución de Relevancia Constitucional del Ministerio Fiscal.

Los Fiscales exigen una subvención económica del Ministerio de Justicia para poder desempeñar con solvencia la actividad asociativa.

Exigen del Ministerio de Justicia la adopción, sin dilaciones ni pretextos, de las medidas que permitan situar al Ministerio Fiscal en el lugar que la Constitución le confiere como promotor de la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.