Domingo, 18 de Abril de 2021

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Bruselas quiere "mejorar" la euroorden pero descarta los cambios que plantea Catalá

La Comisión Europea (CE) "no ve necesario modificar" la Orden Europea de Detención y Entrega para ampliar la lista de delitos por los que se puede cursar

El ministro de Justicia español, Rafael Catalá, y la comisaria de Justicia, Vera Jourová

El ministro de Justicia español, Rafael Catalá, y la comisaria de Justicia, Vera Jourová / Consell Europeu (ACN)

La Comisión Europea (CE) quiere "mejorar" el funcionamiento de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), conocida como euroorden, para resolver algunos problemas en su aplicación, pero rechaza introducir cambios como los que este viernes le ha planteado el ministro de Justicia, Rafael Catalá. El Ejecutivo comunitario trabaja "en la mejora, pero no prevé modificar la decisión marco o introducir los cambios que plantea el Gobierno español", dijo la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, en una rueda de prensa al término de un consejo de ministros de Justicia.

La modificación de ese instrumento exigiría una propuesta de la CE. La comisaria añadió que el Ejecutivo comunitario "no opina que la mejora del sistema exija una modificación de la decisión marco ampliando el catálogo de delitos tipificados, lo que no zanjaría las cuestiones que los Estados miembros encuentran en la aplicación de ese instrumento".

"No vemos ninguna necesidad de cambiar su funcionamiento en cuanto a la lista de delitos (...) Tenemos problemas pero de naturaleza procesal, reflejados en sentencias del Tribunal de Luxemburgo", dijo la comisaria.

El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que quiere abrir una reflexión en la Unión Europea (UE) sobre la necesidad de actualizar la lista de delitos por los que se puede cursar una euroorden, que a su juicio se ha quedado obsoleta.

Catalá desvinculó esta reflexión del caso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros fugados con él a Bruselas hace más de un mes y recordó que "la lista es de 2002. Han pasado quince años". "No es problema de un caso puntual, nosotros no tenemos ninguna queja de un caso puntual", subrayó.

Los cinco políticos independentistas están reclamados por la Justicia española por supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena retiró el pasado 5 de diciembre las euroórdenes emitidas contra todos ellos por la Audiencia Nacional, al considerar que podrían condicionar la evolución de la investigación y los posibles delitos por los que se pueda procesar a los imputados.

El titular español ha precisado que no se ha abordado la idea de debatir una posible reforma de la euroorden en sus intervenciones en el Consejo de Justicia, por no estar en el orden del día. No obstante, explicó que lo trató en una conversación con la comisaria, a quien expresó la "inquietud y preocupación" del Gobierno por el hecho de que se produzcan conflictos entre "la buena cooperación judicial" en la UE y la libre circulación de personas, "que es una seña de identidad" de la Unión.

En particular, al Ejecutivo español le preocupa "que alguien pueda hacer un uso indebido de esa libre circulación para ponerse al margen de la acción de la Justicia. Eso sería una paradoja, no está configurada la libre circulación para huir de la Justicia", dijo.

Fuentes comunitarias indicaron que la euroorden es el instrumento penal "de más éxito", con 5.304 órdenes ejecutadas en 2015, frente a 3.467 en 2013 y que hay jurisprudencia reciente que ha aclarado su aplicación. Recordaron que el pasado octubre la CE publicó unas directrices para ayudar a las autoridades judiciales a hacer un mejor uso de la euroorden.

La CE "no ve necesidad de una revisión de la legislación pero comparte el compromiso de España de seguir mejorando la aplicación" de ese instrumento, indicaron. Por su parte, el ministro de Justicia de Estonia, Urmas Reinsalu, cuyo país preside el Consejo de la UE este semestre, subrayó que ese asunto no fue debatido este viernes pero que "en ocasiones ha suscitado peticiones de revisión" de países que argumentan que ha envejecido. "La conclusión ha sido siempre que no debemos modificar en absoluto esa decisión (marco). Ha sido un instrumento funcional, algo así como la joya de la corona para el reconocimiento mutuo en decisiones judiciales", añadió.

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